La libertad de expresión en España atraviesa uno de sus momentos más delicados y paradójicos de las últimas décadas. Mientras los tribunales internacionales —incluida la Corte Internacional de Justicia y los informes recurrentes de agencias de la ONU— alertan de la gravedad extrema de la situación en Oriente Medio, en el ámbito doméstico asistimos a una peligrosa deriva: la utilización de los mecanismos judiciales como una herramienta de presión, hostigamiento y censura contra voces críticas.
El caso más reciente y alarmante que sacude el panorama cultural y periodístico es la reapertura de la causa judicial contra el escritor y articulista Suso de Toro a instancias de ACOM, un movimiento que vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del uso de las instituciones judiciales españolas por parte de lobbies extranjeros para acallar la disidencia. ACOM no elige a Suso de Toro por azar: lo selecciona porque reúne visibilidad pública, autoridad moral y un discurso que la organización considera peligroso para su relato propagandístico sobre Israel y el conflicto en Gaza, convirtiendo este movimiento en un claro recordatorio del uso de las instituciones judiciales españolas por parte de lobbies extranjeros para acallar la disidencia.
El lobby de la censura: qué es ACOM y cuál es su estrategia
Detrás de este movimiento judicial se encuentra ACOM (Acción y Comunicación en Oriente Medio), un influyente lobby proisraelí que opera activamente en España con el propósito declarado de blindar la imagen institucional de Israel, combatir el movimiento de boicot (BDS) y monitorizar el debate público, universitario y mediático. Lejos de limitarse a la labor de influencia o al contraste político, la estrategia de ACOM se ha caracterizado en los últimos años por el uso intensivo de la vía judicial mediante querellas por presuntos delitos de odio.
Esta táctica, dirigida de manera sistemática contra activistas, figuras públicas, humoristas, políticos y creadores que censuran con dureza la ofensiva militar en Gaza o la gestión del ejecutivo de Benjamin Netanyahu, busca infundir un efecto intimidatorio que penalice y disuada la crítica a las acciones del Estado de Israel.
La cronología de un hostigamiento judicial
Para entender la dimensión del problema es necesario examinar los hechos y el recorrido procesal. La Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid —integrada por los magistrados Ricardo Rodríguez Fernández, Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, David Suárez Leoz y Jacobo Vigil Levi— ha considerado "prematuro" dar carpetazo al asunto y ha ordenado revocar el archivo acordado previamente, reabriendo la causa penal contra Suso de Toro por un presunto delito de odio de carácter antisemita.
¿El motivo real que subyace tras esta persecución? Las reflexiones y mensajes publicados por el autor en redes sociales y tribunas de opinión en los que criticaba con dureza la ofensiva militar en la Franja de Gaza, comparando las consecuencias humanitarias de la tragedia con los horrores del pasado y señalando la responsabilidad política del Gobierno de Benjamin Netanyahu.
Lo rocambolesco y preocupante del procedimiento comienza en las formas: el propio autor denunció públicamente que tuvo conocimiento de la reapertura de su caso no a través de una notificación oficial de la justicia española, sino a través de la nota de prensa difundida por la propia organización denunciante. Este proceder convierte el anuncio en un elemento de intimidación preventiva en sí mismo. El mensaje implícito que se lanza al conjunto de la ciudadanía, a los intelectuales, periodistas y activistas, es diáfano: cualquiera que alce la voz para denunciar las acciones del Estado de Israel o califique de genocidio la masacre de civiles en Gaza se expone a un calvario judicial, al desgaste de sentarse en el banquillo y a la estigmatización pública mediante la etiqueta de antisemita.
La perversión conceptual: antisionismo no es antisemitismo
El núcleo de la estrategia jurídica de entidades como ACOM descansa sobre una peligrosa confusión conceptual interesada: equiparar sistemáticamente la crítica política al sionismo y al Gobierno ultraderechista de Israel con el odio visceral hacia el pueblo judío. Suso de Toro ha respondido con claridad meridiana a estas acusaciones, reivindicando incluso sus propias raíces culturales y recordando que su posicionamiento es radicalmente político y humanitario, no discriminatorio.
Confundir la repulsa ante crímenes de lesa humanidad con el antisemitismo es un insulto a la historia y una táctica de distracción. Los pronunciamientos de la ONU y de múltiples relatores de derechos humanos utilizan conceptos rigurosos para describir la catástrofe humanitaria en los territorios palestinos ocupados. Sin embargo, cuando un escritor de prestigio en España utiliza analogías duras en el calor del debate público para alertar de la pasividad internacional, la maquinaria judicial se activa con inusitada celeridad a golpe de querella impulsada por lobbies ideológicos.
El precedente inquietante de "Manos Limpias"
No estamos ante un hecho aislado, sino ante la consolidación de un patrón de conducta que recuerda inevitablemente a las peores prácticas de sindicatos y asociaciones ultras que en el pasado utilizaron la acción popular para condicionar la agenda política y judicial del país. ACOM actúa, en la práctica, como un nuevo vector de presión ideológica exterior que encuentra acomodo en resquicios de nuestra judicatura para iniciar procedimientos de carácter prospectivo.
La gravedad de esta situación radica en el efecto disuasorio o chilling effect que provoca en el ecosistema informativo y cultural. Si figuras públicas con altavoces consolidados son sometidas a este escrutinio penal por expresar su repulsa ante crímenes internacionales, el mensaje que cala en el ciudadano de a pie es el del silencio. Se instaura una censura invisible pero efectiva: es preferible mirar hacia otro lado, no opinar o matizar los editoriales antes de arriesgarse a una causa por delito de odio impulsada por gabinetes jurídicos extranjeros.
La dejación y la soberanía jurídica en entredicho
Este escenario abre un debate urgente e incómodo sobre la soberanía de los tribunales españoles y la utilización instrumental de los mismos. Resulta paradójico —y éticamente indefendible— que mientras el máximo dirigente del Estado señalado por la comunidad internacional como responsable de la masacre de Gaza esquiva órdenes de arresto internacionales amparado por pasaportes diplomáticos, un escritor local que ejerce su derecho a la crítica y a la solidaridad internacional sea investigado en Madrid a instancias de una organización cuya lealtad política responde a los intereses de una potencia extranjera.
¿Hasta qué punto las instituciones democráticas españolas van a permitir que se externalice la persecución de la libertad de expresión? La inacción o la tibieza de los poderes públicos ante este hostigamiento crónico debilita los cimientos de nuestra propia democracia. Permitir que los tribunales se conviertan en la comisaría ideológica de gobiernos extranjeros es un síntoma de extrema debilidad institucional.
Conclusión necesaria
El caso de Suso de Toro no es una anécdota judicial; es un test de estrés para el Estado de derecho español. Defender su derecho a la libertad de expresión no implica compartir cada una de las expresiones o matices vertidos en la refriega dialéctica de las redes sociales, sino proteger el perímetro básico de la democracia: la convicción de que opinar sobre conflictos internacionales, denunciar abusos de poder y señalar matanzas de civiles jamás puede ser catalogado como un delito de odio.
Si la justicia española cede ante las presiones de este activismo judicial de tintes censores, el retroceso en derechos fundamentales será irreparable. Es urgente que desde los medios de comunicación, el periodismo de investigación y los demócratas de este país se denuncie sin paliativos este intento de amordazar la conciencia crítica. La solidaridad con Palestina y la denuncia.
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