La crisis migratoria de Ceuta llega a la Audiencia Nacional

La crisis migratoria desatada en Ceuta el pasado jueves ha llegado a los Tribunales españoles. La Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias previas sobre la llegada de decenas de miles de personas, que accedieron ilegalmente a España procedentes de Marruecos a través de la frontera de la ciudad autónoma. La Justicia también ha solicitado un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para dilucidar si los acontecimientos responden a “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”, dirección en la que apuntan desde el país vecino.

La Audiencia nacional quieren conocer también “quienes hubieran podido participar en tales acciones” y, una vez recibida toda la información, tomará la decisión sobre si cuenta con competencias para abrir una investigación penal tras la denuncia de Iustitia Europa, El auto tiene fecha del 31 de julio y la firma de María Tardón, titular del Jugado Central de Instrucción, quien considera necesario "instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable y la competencia de esta jurisdicción para conocer de los hechos".

Contenido de la denuncia

Iustitia Europa interpuso la denuncia por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. Ahora, la magistrada reclama a la UCRIF que traslade "cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones" o "de tener alguna constancia" sobre los hechos.

La organización recoge en su denuncia que la "movilización" de personas migrantes de Marruecos a Ceuta "no puede ser calificada como un fenómeno migratorio ordinario o espontáneo" por la "dimensión temporal y la concentración de miles de individuos lanzándose simultáneamente al mar desde las costas marroquíes".

"Nos encontramos ante una instrumentalización de flujos migratorios que, por su volumen y forma de ejecución, supone un desbordamiento de las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los servicios de acogida, comprometiendo la integridad territorial y la seguridad pública en una frontera exterior de la Unión Europea", ahondan.

Asimismo, destacan "la pasividad observada en las costas de origen sugiere una relajación deliberada de los controles fronterizos por parte de Marruecos, lo que podría constituir una cooperación necesaria o una tolerancia consciente para permitir la salida masiva hacia España, utilizando la presión migratoria como una herramienta de coacción política o diplomática, no siendo la primera vez que sucede a esta escala".

Los hechos son complejos y la Audiencia Nacional deberá dilucidar, en primer lugar, si puede investigarlos. Por el momento, la jueza Tardón, quien también acuerda informar de la apertura de diligencias a la Fiscalía, señala que está pendiente de "resolver" la "competencia penal" de su tribunal sobre los hechos denunciados.