El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la ley de vivienda del presidente Pedro Sánchez pero con salvedades, ya que ha decidido por mayoría estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra la ley por el derecho a la vivienda. Como viene siendo habitual en este tipo de decisiones, los magistrados pertenecientes al sector conservador han anunciado voto particular. Estos magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. No ha participado en la deliberación la magistrada Laura Díez. 

Los artículos de la ley que se han declarado inconstitucionales son 4, algunos en su totalidad y otros parcialmente. Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes del Tribunal de Garantías se declaran inconstitucionales y nulos el artículo 16 que regula la vivienda protegida; el contenido del art. 19.3 a partir del inciso “que incluirá, con respecto a las viviendas de titularidad del gran tenedor, al menos, los siguientes datos”, que es el que obligaba a los conocidos como "grandes caseros" a enviar la información , entre otras cosas, a enviar el número de viviendas que tienen, las direcciones y otra serie de datos; el tercer párrafo del art. 27.1 sobre la defición de parques públicos de vivienda; el art. 27.3 para la regulación de los ingresos que proceden de las multas y ventas públicas recaudadas de viviendas y que debía destinarse a la mejora de los parques públicos y la disposición transitoria primera de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional se muestra contrario a lo dicho por el Consejo General del Poder Judicial que, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, emitió un informe sin que la norma estuviera aprobada y aseveraba que no era constitucional, algo que no es competencia suya. El pleno del CGPJ, controlado por los vocales del PP, afirmó en un informe que esta ley validaba una intervención en el mercado del alquiler en las zonas tensionadas, lo que a su juicio genera inseguridad jurídica, pues aseveraban estos vocales que se expropiaban competencias de las autonomías.

La ley de vivienda fue uno de los grandes éxitos de la legislatura pasada de Pedro Sánchez. Para sacarla adelante tuvieron que reaizar una duras negociaciones hasta que consiguieron los votos a favor tanto de ERC como de Bildu, casi un año después de que saliera adelante en el Consejo de Ministros. En la votación en el Congreso de los Diputados, tanto el Partido Popular como Vox votaron en contra de la norma. Ambas formaciones afirmaban que la nueva ley fomentaba las ocupaciones ilegales de viviendas, hecho que se ha demostrado falso con los datos de ocupaciones.