Los conservadores del CGPJ insisten en bloquear la renovación de la Sala Segunda del Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está volviendo a bloquear importantes renovaciones en el seno de la Justicia. Desde hace años, con la jubilación de Miguel Colmenero en julio de 2023, existe una vacante de magistrado por el turno de jurista de reconocida competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ningún candidato parece convencer a los togados. Más de una decena de personas han pasado por la Comisión de Calificación del órgano de dirección de los jueces, pero ninguna ha recibido el visto bueno.

En el momento de la jubilación de Colmenero, el CGPJ se encontraba en funciones y no podía nombrar a nuevos magistrados y la cobertura de su vacante se quedó enquistada, mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la Sala de lo Social sí que fueron arreglando los huecos. El principal problema en la toma de decisiones es el reparto de voces, con diez vocales progresistas y diez conservadores, siendo necesaria una mayoría de 13 que siempre acaba cayendo del lado conservador, experto en dilatar los procesos.

La situación se vio claramente con la elección de la presidenta, Isabel Perelló, jueza progresista propuesta por los conservadores para evitar la elección de Ana Ferrer. Por aquel entonces, el bloqueo del CGPJ llevaba años establecido y los conservadores parecía decididos a alargarlo lo que hiciera falta con tal de evitar algunos nombres propios. Finalmente, Perelló, con un perfil mucho menos marcado, se llevó el gato al agua y actualmente, pese a pertenecer al bloque progresista, guarda mucha cercanía con los conservadores.

La situación se ha replicado en otras renovaciones importantes de cargo. Cuatro de las cinco salas han renovado su presidencia y tan solo la de lo Social ha ido a parar a manos progresistas, concretamente a las de Concepción Ureste. El resto siguen en poder de los conservadores, que no quieren ceder la batuta de mando en una Sala claves como la de lo Penal, que recientemente ha condenado al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Esta Sala es clave, pues se encarga de juzgar a los representantes aforados y a figuras como la del exfiscal. Es más, fue esta la que generó discrepancias entre el PP y el PSOE, con el famoso “controlar la Sala Segunda por detrás”, y alargó mucho en el tiempo la renovación del anterior CGPJ, que estuvo años caducado. Los progresistas quieren que en esta ocasión la cosa se resuelva de distinta manera, pero los conservadores parecen decididos a imponer su estrategia de demora.

Una catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvina Bacigalupo, es la candidata de los progresistas, pero se ha chocado con la paré levantada por los vocales nombrados por el Partido Popular. Es hija de un antiguo magistrado de la misma Sala del Supremo, pero su vinculación con la exvicepresidenta Teresa Ribera, de quien es cuñada, y su cercanía en el pasado a Pedro Sánchez, formando parte del comité que le asesoró en 2015, son suficientes para que los conservadores no frenen su veto.

El bloque progresista cuenta con más candidatas, pero los conservadores están decididos a esperar a que se produzcan más jubilaciones y así poder negociar en bloque. Los conservadores dominan a la perfección esta estrategia y todo apunta a que seguirá el mismo proceder que anteriores ocasiones, buscando demorar el proceso hasta que el candidato les convenza o, por lo menos, no les resulte excesivamente progresista.