Tres años después de que comenzara una campaña de acusaciones falsas que puso en el punto de mira al diputado leonés Javier Alfonso Cendón, la Justicia ha dictado sentencia: los responsables de aquella ofensiva de desinformación han sido condenados. Los youtubers Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa deberán cumplir seis meses de prisión por delitos de calumnias con publicidad e injurias, además de indemnizar al dirigente socialista con 2.000 euros y publicar la sentencia en su propio canal.
El fallo judicial pone fin a una estrategia basada en la difusión de bulos que vinculaban falsamente a Cendón con la trama del caso ‘Tito Berni’, también conocido como caso Mediador, una investigación que salpicó al exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo. En aquella campaña, impulsada desde el canal ‘Expediente Royuela’, no solo se señaló al diputado leonés, sino también a otros cargos socialistas, sin que existiera base alguna para dichas acusaciones.
Durante el juicio, los propios acusados terminaron reconociendo los hechos. Según ha explicado Cendón, admitieron “sin ambages, que se lo habían inventado todo”, desmontando así una narrativa que durante años alimentó el descrédito público y el acoso en redes sociales.
El diputado no ha ocultado el impacto personal de este episodio. “Durante este tiempo he tenido que convivir con la infamia. Con una acusación fabricada. Con el daño injusto de quienes intentaron demoler mi nombre, mi trayectoria y mi honor”, ha señalado tras conocerse la sentencia en la red social X -antigua Twitter-. Sus palabras reflejan el desgaste sufrido a raíz de una campaña que, según denunció en su momento, buscaba influir en el escenario político a través de la desinformación.
Desde el PSOE se ha querido subrayar el alcance del caso. En un comunicado, la formación ha recordado que “todo era falso” y que los condenados han terminado por admitirlo “sin matices. Sin excusas”. El texto ha insistido en que durante estos años los afectados han sido objeto de un “señalamiento público” y de un “intento deliberado de destruir su nombre, su trayectoria y su honor”.
Más allá del caso concreto, los socialistas han adviertido del peligro de normalizar este tipo de prácticas. “Cuando el bulo se convierte en herramienta política, el objetivo no es la verdad, sino destruir al adversario”, han señalado, planteando además una cuestión clave: “¿Quién responde por el daño causado? ¿Quién repara tres años de sospechas injustas y falsas?”.
El historial de los condenados aporta contexto al fallo. Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa son figuras habituales del ecosistema mediático de la ultraderecha y ya fueron protagonistas en el verano de 2023, cuando ingresaron en prisión junto al exjuez Fernando Presencia, investigados por difundir bulos y denuncias falsas contra jueces, fiscales y políticos con fines económicos, amparándose en una supuesta lucha contra la corrupción.
En el caso de Royuela, su trayectoria se remonta décadas atrás: antiguo subastero en Barcelona y vinculado a la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, lleva más de veinte años difundiendo teorías conspirativas y acusaciones sin fundamento, como señalar a fiscales por liderar organizaciones criminales o atribuir fortunas ocultas en el extranjero a dirigentes políticos como José Luis Rodríguez Zapatero.