La investigación judicial en torno al ‘caso Montoro’ no llegará a Madrid. El juez instructor del caso de Tarragona, Rubén Rus, ha rechazado enviar el procedimiento a los juzgados de la capital al considerar que cuenta con las competencias para continuar, al tiempo que ha acordado citar a los investigados, en total ocho cargos, entre esta semana y a lo largo del mes de mayo. Esta causa se cierne sobre la presunta trama de favores fiscales a empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro, investigado en la causa, con la mediación del despacho Equipo Económico, cofundado por el propio exministro.
En estos términos consta en un auto y una última providencia firmada por el magistrado, en los que éste desestima la petición de las defensas de varios investigados que vienen defendiendo que el juzgado de Tarragona no cuenta con las competencias necesarias para proseguir la investigación. “En el presente caso, habiéndose cometido elementos del tipo en Tarragona, los juzgados de Tarragona son competentes para el conocimiento de las presentes actuaciones”, ha razonado el juez.
Así las cosas, ha precisado el orden de los inminentes interrogatorios: Rubén Folgado, director técnico de Messer, y Karl Hauck, director general de la misma empresa, tendrán lugar el 30 de abril, mientras que las de Patrick Emmanuel Marcel y Teresa Rasero, directivos de Air Liquide, están previstas para el 8 de mayo. En lo que concierne a los cuatro investigados restantes -Jorge Pedrazuela, Eduardo Gil, Carlos Romero, Jacobina Escamez- lo harán el 8 de mayo a las 12.30 horas y el 12 de mayo a las 11.00, 11.45 y 12.30 horas, respectivamente.
Claves del ‘caso Montoro’
El juez se encuentra investigando si el exministro Montoro se pudo aprovechar de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho de abogados Equipo Económico, fundado por él mismo cuando no estaba en el Gobierno del Partido Popular y del que se desvinculó al entrar.
En la trama, están investigadas personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental.
En un auto, el juez apuntó que Equipo Económico habría podido ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos “en menoscabo del sector público”. Las investigaciones “ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación 'ad hoc', es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores”, según la resolución.
Desde que comenzó la instrucción del caso, uno de los puntos clave en el proceso fue a finales de marzo, cuando el magistrado profundizó en la investigación financiera de Montoro, autorizando así a los Mossos ‘dEsquadra a acceder a dicha documentación para conocer los movimientos bancarios vinculados a la causa. Todo ello en base a un informe de la Agencia Tributaria, en el cual se reflejó la existencia de una estructura financiera entre los que se detectaron fraccionamientos. La Fiscalía llegó a localizar entre 2008 y 2013, un montante de 35,5 millones de euros que tendrían su punto de origen en las empresas gasísticas, además de otros pagadores paralelos, como “a exsocios y familiares” de Montoro.
Sin ir más lejos, la pasada semana el juez instructor reclamó 20 años de información de las seis cuentas bancarias del extitular de Hacienda, es decir, desde 2006 hasta la fecha actual, al considerar que existen sospechas de movimientos compatibles con un presunto blanqueo de capitales.