Semana clave para Begoña Gómez y para el magistrado Juan Carlos Peinado, instructor de la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. Este lunes, la Audiencia de Madrid emitirá un veredicto sobre el archivo o no de la causa, como reclama la defensa de la encausada, liderada por el exministro socialista Antonio Camacho. Los cuatro magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial, sobre quienes recaerá esta decisión, también estudiarán el recurso de la Fiscalía, que reclama que se acote la investigación.
La defensa de Begoña Gómez entiende que la causa debe ser archivada porque, meses después del inicio de la instrucción, con cientos de diligencias abiertas, aún se desconoce cuál es exactamente el motivo por el que la mujer del presidente del Gobierno está acusada de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Entienden los abogados de Begoña que se debe acabar con esta “investigación universal” y prospectiva, archivar el caso y dejar patente, como ha hecho la Unidad Central Operativa hasta en dos ocasiones, que no existen indicios de delito ni en las labores de Gómez ni en los contratos que rodean a la investigación.
Será este lunes cuando se conozca, finalmente, el veredicto de la Audiencia de Madrid. De hecho, Begoña Gómez y su equipo jurídico reclamaron que esta deliberación se adelantase en el tiempo, ya que la perdurabilidad de la investigación alimenta el ruido mediático, desprotege a la encausada y puede acarrear -según los letrados- un menoscabo de la presunción de inocencia de Gómez.
La Fiscalía opina parecido. De hecho, el Ministerio Público reclamó a la Audiencia Provincial que delimitase la investigación al entender que el instructor está dirigiendo una "causa general" y sigue sin aclarar qué es lo que investiga: “Las respuestas del juez son manifestaciones que pueden parecer una causa general, o cuando menos excesivamente amplias, habida cuenta las circunstancias expuestas".
Desde que se presentaron ambos recursos, la defensa de Gómez ha presentado nuevos escritos en los que reitera sus quejas sobre la actuación de Peinado. El pasado martes, aseguró que el juez ordenaba diligencias de investigación "atendiendo a meras especulaciones que tienen motivos ajenos a la causa".
Prevaricación
Esta semana, también se resolverá el desenlace de las tres querellas contra el juez Peinado por un presunto delito de prevaricación, además de revelación de secretos. Entre los querellantes figura la propia Begoña Gómez. Su defensa considera que el magistrado podría haber incurrido en estos delitos durante la instrucción al haber efectuado una aplicación del derecho “incomprensible”, “forzando” las normas aplicables y adoptando decisiones “no justificadas”.
“Todo el actuar del querellado en su conjunto pudiera revelar una instrucción inusual, errática y prospectiva, que tiene por objeto una causa general contra Begoña Gómez y que pretende investigar toda su vida para tratar de determinar si en su conducta ésta ha cometido algún delito, lo cual está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico”, expone la querella, acusando a Peinado de dictar resoluciones “a sabiendas, manifiestamente injustas, injustificadas y sin amparo legal”. En consecuencia, el abogado considera que “existen indicios evidentes de que son adoptadas de forma arbitraria e injusta, pudiendo ser consideradas, por ello, constitutivas de un delito de prevaricación judicial”.
“El juez Peinado ha ido tomando a lo largo del procedimiento decisiones injustas y arbitrarias, de ampliación del objeto de procedimiento, que parecen rebatir, conscientemente y sabiendas, no uno, sino dos informes de la UCO que, tras la petición de los mismos por el Magistrado, han descartado la existencia de indicios de delitos en los hechos investigados”, añade la querellante, exponiendo como último acto de “carácter aparentemente prevaricador” la toma de Sánchez en la sede de la Presidencia del Gobierno.