Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada del Congreso de los Diputados, ha sido condenada por el Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid a indemnizar al exjuez Manuel García-Castellón por llamarle “corrupto” y “prevaricador”. El exmagistrado de la Audiencia Nacional, famoso por ser muy cercano al Partido Popular (PP) y salvar a figuras como María Dolores de Cospedal del caso Kitchen o Esperanza Aguirre de la Púnica, a parte de sobreseer las causas de 275 dirigentes vinculados al PP, ha ganado la batalla.

García-Castellón, pese a ser de los jueces más polémicos de las últimas décadas, lo que llegó a propiciar que la propia Audiencia Nacional calificase su investigación contra Podemos de “prospectiva”, será 9.000 euros más rico. Esta es la cuantía con la que el juzgado ha castigado a Belarra, pese a que el juez reclamaba 350.000 euros por “daño moral”. Además, la líder de los morados deberá difundir el contenido de la sentencia en su perfil de Twitter, desde donde cargó contra el juez y sus conocidas prácticas.

La noticia ha llegado poco después de que García-Castellón se haya visto salpicado por el caso Plus Ultra al revelarse un viaje a Colombia que realizó, cuando todavía era juez, con varios directivos de la aerolínea, un alto mando policial y empresarios de renombre. Novedad que no ha dejado pasar Belarra en su reacción. “Me condenan a pagarle 9.000 euros a García-Castellón, el juez que se va a Cartagena de Indias con los corruptos de Plus Ultra, que ha protegido a los corruptos del PP y le ha hecho la guerra sucia judicial a Podemos”, ha afeado.

“Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos”, ha zanjado Belarra. Cabe destacar que el juez García-Castellón no ha sido condenado en ningún momento por prevaricación; aunque la misma atención merece destacar que los encargados de investigar que este delito se hubiera cometido serían sus compañeros del Tribunal Supremo. Es más, Podemos denunció al juez ante el máximo Tribunal por prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas tras reabrir sin pruebas y de forma “prospectiva” una de las múltiples causas fabricadas contra Podemos y, como era previsible, la querella fue archivada.

¿Prevaricación?

Es un hecho que el juez García-Castellón no está condenado por prevaricación, pese a que, al inicio de su carrera, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, emprendió una causa contra la clínica de abortos Ginemédica, primera en ofrecer estos servicios en la capital castellana, basada en una denuncia del sector nacionalcatólico. También es un hecho que su hermano, militante del Opus Dei y presidente de PROVIDA por aquel entonces, se movía por esos círculos.

Es un hecho que tampoco fue condenado por reconocer que mintió a sus colegas francese para que revelaran datos sumariales que interesaban en una causa española. “A mi se me ocurrió decir una mentira”, reconoció, en un foro público, el chantaje a las autoridades francesas. Sobre la exclusión de los audios del excomisario Villarejo y Cospedal de la Kitchen y la exculpación de la que fuera una de las principales dirigentes del PP o sobre la supuesta conspiración de Eduardo Zaplana e Ignacio González para conseguir que volviese a España tras 16 años fuera y asumiese el caso Lezo, en detrimento el juez Eloy Velasco, tampoco se concluyó prevaricación.

También cerró las causas contra el rey Juan Carlos I, Corin Larsen, el expresidente de Murcia del PP (Pedro Antonio Sánchez) o dejó fuera al hijo de la alcaldesa de Marbella de una trama de narcotráfico y blanqueo de capitales. Movimientos que algunos aseguran que no son una sorpresa, pues, ya en 1998, el juez se inhibió de instruir el caso contra el dictador chileno Augusto Pinochet.

Desde la izquierda siempre ha sido considerado un salvador de dirigentes corruptos del PP, pero también un azote de los contrarios. La validación del falso informe PISA contra Pablo Iglesias nada más obtener Podemos su mejor resultado electoral, la transformación del caso Dina contra los morados y la exclusión de Villarejo, quien robo el móvil, y Eduardo Inda, quien lo publicó, de la investigación, tampoco fueron considerados prevaricación.

Uno de sus grandes hits fue la investigación “prospectiva” contra los movimientos bancarios de líderes de Podemos que le valió una amonestación de la Audiencia Nacional. Recibiría alguna más por abrir múltiples causas contra Podemos y sus militantes de forma similar. Todas archivadas, pero después de un calvario judicial y horas de televisión, radio y titulares de prensa. Si bien es un hecho que nunca ha sido condenado por prevaricación.

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