La principal investigada en el caso instruido por el juez Juan Carlos Peinado, Begoña Gómez, no ha acudido este lunes a la cita en los Juzgados de Plaza Castilla, sino que lo ha hecho su abogado Antonio Camacho. De esta manera, la mujer del presidente del Gobierno ha vuelto a no acudir a sede judicial ante la cita prevista para ratificar que el magistrado instructor pasará el testigo a un jurado popular para el juicio final que dictará sentencia del caso. A las 17:30 horas de esta tarde del lunes, el magistrado instructor había dado cita tanto a la mujer del presidente del Gobierno como a los otros dos investigados en la causa, la que fue su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario, Juan Carlos Barrabés, para confirmar formalmente su decisión.
Con esta última ocasión, se cumplen seis las veces que Begoña Gómez ha sido citada ante el juez. Durante las dos primeras, la investigada se acogió a su derecho a no declarar, mientras que en las siguientes respondió su defensa en sede judicial. La más reciente fue la del pasado 27 de septiembre, cuando tampoco acudió a Plaza de Castilla bajo la misma razón que ha motivado la cita de este lunes.
De cara a este lunes, Peinado fijó que tanto Gómez como Álvarez y el empresario Barrabés debían "comparecer necesariamente" asistidos de sus respectivos letrados. A diferencia de las otras cinco veces en las que el juez citó a Gómez, en esta ocasión la decana de los juzgados de Madrid no ha activado el protocolo de seguridad habitual para que la esposa del presidente del Gobierno ingrese a la sede judicial por el garaje, por lo que estaba previsto que no acudiera presencialmente a Plaza de Castilla.
Pese a este nuevo giro en la instrucción judicial, que ya cumple más de año y medio y continúa sin un horizonte claro por delante, el abogado de Gómez sostiene que la presencia en los juzgados de su representada no es de rigurosa obligatoriedad, ateniéndose así a lo inscrito en una circular de la Fiscalía de 1995 sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado, la cual se refiere al artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del jurado que “no exige la asistencia personal del investigado” en una cita de tales características.
Instrucción de claroscuros
Con todo este proceso, la intención del juez Peinado radica en que Gómez sea juzgada por un jurado popular por los presuntos delitos por los que le acusa: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional.
Cabe recordar que la instrucción comenzó en abril de 2024 por la denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, que acusó a la esposa de pedro Sánchez de haberse aprovechado de su posición con fines empresariales. Desde entonces, el juez Peinado fue engrosando la causa con otras figuras penales hasta llegar a todo el conjunto de la causa.
Así las cosas, desde el inicio de la causa judicial, la defensa de Gómez mantiene que esta carece de consistencia jurídica y que es un procedimiento basado en motivaciones políticas. La investigada ha negado cualquier irregularidad en la adjudicación de contratos en beneficios de empresas concretas y, sobre su cátedra en la Universidad Complutense, defiende que no existió ánimo de lucro.
Uno de los últimos pasos que ha dado el juez Peinado también radica sobre la figura del presidente del Gobierno, donde en un último auto señaló que "las acciones llevadas a cabo por Gómez, derivadas de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias" y el resto que enmarcan la causa.
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