El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha inadmitido la querella presentada por el Partido Popular contra el PSOE por financiación irregular, cohecho, blanqueo y tráfico de influencias, tal y como solicitaba la Fiscalía, en la causa que investiga un presunto fraude de IVA de 182 millones de euros en la venta de hidrocarburos.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo presentaba hace unos días una querella contra el empresario Víctor de Aldama, el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, el también empresario Claudio Rivas Ruíz-Capillas, la mercantil Villafuel y PSOE por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y financiación irregular. Una querella en la que no aportan ni un solo documento ni prueba, más allá de la entrevista que un medio de comunicación le hizo a un supuesto empresario, del que por no saberse, no se sabe ni el nombre, que afirmó que había llevado 90.000 euros a la sede de Ferraz a cambio de una licencia para operar con hidrocarburos para la empresa Villafuel.

Una imitación en toda regla de la querella que presentó en su día Manos Limpias contra la mujer de Pedro Sánchez y que, tras caer en el juzgado del polémico juez Juan Carlos Peinado, ha terminado con Begoña Gómez como investigada. De hecho, para conseguir pasar el filtro con una querella tan endeble, no se le caen los anillo al PP a la hora de citar el auto de la Audiencia Provincial que le dio vía libre a Juan Carlos Peinado para investigar a Begoña Gómez solo con una querella basada en titulares de prensa, algunos de ellos falsos.

En un auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, en línea con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, Pedraz señala que para admitir la querella debe analizarse si los datos ofrecidos de forma anónima en la información periodística que se invoca tienen la virtualidad suficiente como para iniciar la investigación. El magistrado recuerda que una denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación, siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores, o que sean esas mismas las que funcionen como elemento confirmador de otros, sin necesidad de desvelar la identidad del informador, tal y como establece el Tribunal Supremo.

La jurisprudencia, explica el instructor, requiere que esas informaciones estén sustentadas en algún dato, hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar una conducta típica y su atribución a la persona querellada. Además, añade que la jurisprudencia indica que “con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más.”

Para Pedraz, en el caso de la querella del PP, ese “algo más” según se sigue de la lectura de lo relatado en la querella no se da, pues de lo actuado hasta la fecha en la presente causa no aparece vinculación alguna con lo denunciado. Incluso, advierte el magistrado, “aparecen contradicciones de los denunciantes anónimos, como señala el Ministerio Fiscal al señalar que la tramitación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y no al Director del Gabinete del Ministro de Industria, a lo que une un informe que aparece en unas D. Previas del Juzgado Central de Instrucción Dos y contradice también a dichos denunciantes”.

Por ello, procede inadmitir la querella sin perjuicio de lo que depare el transcurso de la instrucción. En el mismo auto, titular del Juzgado central de Instrucción Cinco admite la personación como acusaciones populares del PP, Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír y Vox, previa prestación de fianza de 10.000 euros.

La querella

En la querella, los populares afirman que hace unos días se hizo público el testimonio de dos informantes anónimos, a través de una noticia publicada en The Objective. Según los de Feijóo: “En los citados testimonios, se recogen nuevos hechos indiciariamente delictivos, conexos con el objeto de este procedimiento (el abierto por Pedraz), que vienen a reforzar los indicios de criminalidad obrantes en autos respecto de Aldama y Rivas, a extender el elemento objetivo del procedimiento, y de los que se desprende la participación presuntamente delictiva del también querellado Koldo García”.

Dicen es su escrito, sin aportar ni una sola prueba que no sea la propia entrevista, que “el empresario Claudio Rivas habría usado a Víctor de Aldama para conseguir del Gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos para la compañía Villafuel. Y este le habría pedido a cambio 600.000 euros”, y que “[e]sos 600.000 euros se le pagaron a Aldama mediante transferencias y entregas de dinero en efectivo”.

De lo anterior, y siempre según el PP, “se colige que: Aldama habría intermediado entre Rivas Ruíz-Capillas y el Gobierno de España a fin de que se le concediera una licencia a la mercantil Villafuel, para operar como distribuidor de hidrocarburos; y dichos trabajos se habrían ejecutado, pues Aldama habría recibido la cantidad acordada, parcialmente en efectivo, y todo ello con la finalidad de que sus contactos en el Gobierno de España –presuntos destinatarios últimos de los pagos, como se verá a continuación– le facilitaran la obtención de la licencia requerida”. Aseguran que la intermediación de Aldama en la obtención de la licencia obedecería a las relaciones que le unían con altos cargos del Gobierno de España en ese momento, y, concretamente, con Koldo García.

Los pagos

En cuanto a los presuntos pagos al PSOE, la querella simplemente se limita a transcribir la entrevista al presunto empresario en la que éste, sin ningún vídeo, papel, o fotografía que diera veracidad a sus palabras cuando afirmó que, de los 600.000 euros presuntamente acordados, “se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros, que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta, en la sede del Partido Socialista. Esas entregas, que se habrían realizado a un señor, vamos, que estaba esperando que se le entregara ese sobre”, se habrían producido en la sede del PSOE porque Aldama no podía llevar esa cantidad a Ferraz, y entonces utilizó para llevar ese dinero a la sede central del Partido Socialista”.

Por último, desde el PP piden que testifiquen todos los querellados, incluido un representante del PSOE, así como Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete del Ministerio de Industria y Turismo, quien aseguran que mantuvo una presunta reunión con los querellados en la que se trató la concesión de la licencia administrativa. Además piden que se certifique por el responsable del departamento de seguridad del PSOE los protocolos en vigor para el registro de visitantes, ya sean escritos o verbales, en vigor en octubre de 2020 y se identifique a la persona o personas que trabajaban en la recepción del edificio en octubre de 2020 y dirigían a los visitantes a un sitio u otro de la sede.