La Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación a 9 años de inhabilitación

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. La Sala también condena al que ha sido candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Eso sí, los jueces no imponen ninguna pena de prisión como solicitaban las acusaciones populares que pidieron seis años de cárcel para Sánchez. Tampoco ven tráfico de influencias pues aseveran que "no ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados". 

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, los acusados, el presidente de la Diputación de Badajoz , Miguel Ángel Gallardo, diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, decidieron la creación, en el seno de dicha Administración Local, del puesto de trabajo que acabó denominándose “Coordinador de las Actividades de los Conservatorios” con el objetivo de que el mismo fuera ocupado por el también acusado David Sánchez, quien en ese momento carecía de trabajo estable.

Dicen que "no ha quedado acreditado si la toma de decisión se hizo a petición de este último o de persona o personas del entorno del beneficiario de la plaza de empleo público o relacionadas con el mismo conocedores de dicha necesidad o si tal decisión se realizó “motu proprio” con el designio de favorecer a Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

Explican los jueces que no hubo tráfico de influencias, y que no hubo presión por parte de nadie para darle la plaza, pero que tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general.

Aseveran los magistrados que, "al tratarse de una actividad criminal “de despacho”, organizada y en el seno de una Corporación de pequeña entidad, piramidal, fuertemente jerarquizada, de carácter presidencialista, es difícil la existencia de prueba directa (declaraciones de testigos altos cargos mediatizados por sus superiores, algunos de los cuales han promocionado profesionalmente durante el proceso)".

Por tanto, a su juicio, "carece de relevancia acreditativa la prueba propuesta por las defensas orientada a demostrar el cumplimiento de los trámites administrativos en los procedimientos de creación, adjudicación y modificación de las plazas, procedimientos estos de carácter cosmético, al igual que pretendida dotación de contenido de las plazas creadas con el exclusivo designio de favorecer los intereses personales de los adjudicatarios y no de atender necesidades de interés general".

Y sobre el hermano del presidente dicen: "David Sánchez, teniendo conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria, e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera".

Tráfico de influencias

Se descarta por parte de los jueces la comisión del delito de tráfico de influencias por falta, tanto de una concreta descripción de los hechos en que consistiría la acción de prevalimiento o de presión ejercida sobre los responsables de la creación, adjudicación y modificación de las plazas, descripción esta que correspondería a las acusaciones; como de acreditación de dichas conductas.

"Se ignora, quién o quiénes ejercieron ascendencia o influjo sobre los responsables de realizar la labor de torcimiento del derecho, ni en que concretos actos se materializó", prosiguen explicando los magistrados. "Y se puede contra conjeturar que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés del acusado Miguel Ángel Gallardo Miranda de congraciarse con quien sería reelegido Secretario General del PSOE", apostillan sobre este extremo.