La asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, ha sido una de las dianas de la investigación del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Pedro Sánchez. El magistrado procesó a ambas, entre otros, por un delito de malversación, que justifica en la intervención de la asesora en de las actividades de la vida privada de Gómez. Álvarez niega todos los delitos en su contra, y recuerda el uso que hacían otras esposas de presidentes del Gobierno de la figura del asesor. En esa defensa, que sostiene en el escrito de recurso que ha presentado para tratar de evitar el juicio, aparece el nombre del que ahora es uno de los diputados del Partido Popular más cercanos a Alberto Núñez Feijóo.
Se trata de Jaime de los Santos, diputado nacional y actual vicesecretario de Educación e Igualdad del PP. En los últimos tiempos ha saltado a la palestra por, entre otras lindezas, criticar la "falta de aseo personal e intelectual" de los ministros de Sumar, o acusar a Pedro Sánchez de "corrupción, fraude y prostitución". Antes, De los Santos fue senador, consejero de Cultura, Turismo y Deporte en la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Cristina Cifuentes, y diputado en la Asamblea regional.
Y mucho antes de eso, el popular tuvo un trabajo en La Moncloa, como asistente de Elvira Fernández, la mujer de Mariano Rajoy. El que ahora es uno de los hombres fuertes de Feijóo trabajó en su día como el 'chico para todo' de la esposa del último presidente del Gobierno del PP, como demuestran algunas de las pruebas adjuntadas por Álvarez sobre sus labores. Es ahí donde pone el foco su defensa, que ha comparado algunas de las funciones desempeñadas por De los Santos y los otros asesores de Fernández para cuestionar el argumento central de Peinado para procesarla.
De los Santos ayudaba a la mujer de Rajoy con sus compras
Para ilustrarlo, el escrito adjunta una imagen en la que se puede ver a Jaime de los Santos saliendo de una tienda junto a Elvira Fernández, charlando con ella mientras la ayuda a cargar las compras que ha realizado. En el recurso, Álvarez defiende que ella nunca desatendió las obligaciones de su cargo público para ayudar a la mujer de Pedro Sánchez con su vida privada, que es la pata que sostiene la acusación de Peinado, y se compara con sus homólogos en tiempos de Rajoy.
"¿Cometieron malversación los tres asistentes de Elvira Fernández (esposa de Mariano Rajoy) por acompañarla de compras, incluso cargando con las bolsas de ropa que había comprado?", figura en el escrito según El Confidencial. La defensa cita dos páginas de un informe pericial presentado por Begoña Gómez, que ya usaba el ejemplo de De los Santos.
"Lo que se pretende es criminalizar una costumbre, extendida desde el comienzo de la democracia en la familia de todos los presidentes del Gobierno democráticos, sin que exista norma alguna que delimite en qué puede y en qué no puede asistirse a la pareja del presidente", añade. El recurso añade también otros argumentos que no aparecían en el citado informe pericial, como por ejemplo la contratación de cuidadores para familiares del presidente del Gobierno durante una enfermedad. En concreto, "los dos asistentes contratados con dinero público para el cuidado en Moncloa del padre de Mariano Rajoy".
Los asesores de Ana Botella prepararon la boda de su hija
Además de De los Santos, el escrito prosigue comparando las funciones de Álvarez con las de otros asistentes de cónyuges de presidentes del Gobierno, una figura que, recuerda, no está regulada. Entre otros, habla de "dos asistentes de Ana Botella (esposa de José María Aznar) por haber participado en los preparativos de la boda de su hija, ayudarla a solucionar un incidente por la rotura de su falda en un desfile de moda, acompañarla a hacer el Camino de Santiago o incluso auxiliarle durante su campaña electoral a las elecciones municipales".
Los abogados de la asesora han investigado a fondo qué uso se hacía de su figura durante otras presidencias, porque también la comparan con los asistentes de la esposa de José Luis Rodríguez Zapatero: "¿Cometieron malversación por haberla acompañado y auxiliado durante su estancia en París para cantar en una serie de conciertos, incluso en visitas a museos, espectáculos, compras, etc?". También sobre la mujer de Felipe González, la socialista Carmen Romero, a la que sus asesores ayudaban con su agenda privada como profesora, sindicalista y diputada. O sobre la mujer de Adolfo Suárez, a la que asistían con "la correspondencia y agenda de su superior, incluidas sus actividades privadas como presidir mesas de cuestación para obtener fondos para Cruz Roja".
Álvarez rechaza el jurado popular
Más allá de comparar lo que utiliza Peinado para procesarla con la realidad, el recurso de Álvarez contrarresta el argumento, que respaldó la Audiencia Provincial de Madrid, de que la asesora "puede haber sido voluntariamente utilizada, desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos desde una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaría General de Presidencia del Gobierno".
Recuerdan sus abogados que sus funciones no están reguladas, y que de todas formas, "incluso si hubiera delito, en ningún caso se puede atribuir" a Álvares, "quien —como funcionaria explotada por su superior— solo podría ser objeto del delito". El escrito pone el foco en que "nunca una sentencia sobre malversación de la fuerza del trabajo ha condenado —ni siquiera investigado— al funcionario explotado".
Las primeras lineas del recurso critican la decisión de Peinado de que la causa se juzgue por el procedimiento del jurado popular, argumentando que la conexión entre los delitos no obliga a hacerlo de esta manera, y señalando al juez por haber interpretado erróneamente las resoluciones. Cabe recordar que el instructor decidió seguir adelante con esta decisión, a pesar de que hasta las asociaciones de ultraderecha que ejercían la acusación popular, como el pseudosindicato Manos Limpias, pidieron que no se llevara el procedimiento a la ley del jurado.
Sobre los delitos que se le imputan —malversación, corrupción entre particulares, apropiación indebida y tráfico de influencias—, Álvarez argumenta que, en el caso del último, solo se puede acreditar cuando se ejerce sobre funcionarios públicos, cuando lo que se investiga es la relación de Begoña Gómez y su asesora con empresarios del sector privado. Además, la defensa responde con dureza a uno de los argumentos más polémicos de Peinado, que dijo en el escrito de procesamiento que "quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII" para ver a una persona aprovecharse de su condición de esposa de un dirigente para cometer ese delito. Se preguntan los abogados "si cuando Fernando VII cometía tráfico de influencias en sus palacios presidenciales lo hacía también gratuitamente y a cambio de nada".