La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis “Alvise” Pérez, a indemnizar con 20.000 euros a un hombre al que acusó de dirigirse a Madrid en un vehículo con posibles explosivos. El tribunal considera que el político cometió una intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la propia imagen del afectado al difundir en su canal de Telegram una información policial que no había sido contrastada y presentarla como un hecho confirmado. La sentencia, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, revoca la absolución que había acordado inicialmente el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo. Además de la indemnización económica, obliga a Alvise a retirar de forma inmediata y definitiva la publicación de todos sus canales y a difundir la parte dispositiva del fallo en su cuenta de Telegram, con visibilidad destacada durante siete días.
Los hechos se remontan al 17 de noviembre de 2023, cuando la Ertzaintza distribuyó entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una comunicación interna sobre la posible circulación de un vehículo sospechoso. La alerta hacía referencia a un Peugeot 308 negro que, según la información recibida, podría dirigirse a Madrid transportando un artefacto explosivo. El documento incluía la matrícula del automóvil y los datos personales de su conductor.
Sin embargo, la comunicación policial incorporaba una advertencia expresa, destacada e inequívoca: “NO ESTÁ CONTRASTADA”. La propia notificación señalaba que se trataba de una información pendiente de comprobación y que debía ser tratada como una medida preventiva, sin que existiera confirmación sobre la presencia de explosivos ni sobre la vinculación del conductor con una posible amenaza. Pese a esa advertencia, la información terminó difundida en diferentes plataformas digitales y medios de comunicación. El canal de Telegram de Alvise Pérez, que por entonces contaba con aproximadamente 368.000 suscriptores, publicó el nombre completo del afectado, su fotografía y la matrícula de su vehículo.
La publicación llegó a acumular más de 227.000 visualizaciones. Uno de los aspectos determinantes para la resolución judicial es que Alvise no se limitó a reproducir el contenido de la alerta policial. Según recoge la sentencia, el eurodiputado añadió información propia y aseguró que una “Fuente de Alto Nivel confirma la información e identidad del responsable”. Además, relacionó al afectado con un supuesto paciente fugado de un centro psiquiátrico.
Para los magistrados, esta actuación modificó por completo el sentido del documento original. Mientras que la Ertzaintza advertía de que los datos no estaban contrastados, la publicación de Alvise transmitía que existía una fuente cualificada que había confirmado tanto la información como la identidad de la persona señalada. La Audiencia ha considerado que no puede aplicarse en este caso la doctrina del reportaje neutral, que protege determinadas reproducciones de informaciones ajenas cuando el emisor se limita a transmitirlas sin asumir su contenido. Los jueces entienden que el líder de SALF incorporó afirmaciones propias que incrementaron la apariencia de veracidad de la acusación.
"No se produjo una reproducción neutral, sino una aportación propia que incrementaba el grado de certeza, reforzaba la credibilidad de la imputación y convertía la sospecha en un dato aparentemente corroborado", recogido la resolución. El tribunal también ha subrayado la gravedad de la acusación, ya que no se trataba de una información menor o de una simple inexactitud. Identificar públicamente a una persona como sospechosa de transportar explosivos con destino a Madrid podía provocar un importante descrédito personal y social, especialmente al vincularla con una posible amenaza terrorista.
De hecho, los magistrados han recordado que apenas unas horas después de difundirse la alerta se comprobó que la información recibida por la Ertzaintza era falsa. Por ello, consideran que la gravedad de los hechos exigía un nivel especialmente elevado de diligencia antes de publicar los datos personales del afectado.
Okdiario también deberá indemnizar al afectado
La resolución también confirma la condena a Dos Mil Palabras S.L., empresa editora de Okdiario, que deberá pagar 15.000 euros al demandante. En este caso, la Audiencia considera que el medio no actuó con la diligencia profesional exigible al elaborar una noticia propia sobre la supuesta amenaza explosiva. La publicación, que llevaba por titular 'La Policía busca a un magrebí en un Peugeot 308 sospechoso de llevar un artefacto explosivo a Madrid', incluía también la fotografía del afectado y datos que permitían identificarlo. Sin embargo, el periódico omitió la advertencia expresa de la Ertzaintza sobre la falta de contraste de la información.
El tribunal entiende que, aunque la alerta policial tenía un evidente interés general por estar relacionada con la seguridad colectiva, eso no eximía al medio de comprobar los datos antes de difundir una acusación de semejante gravedad. Okdiario rectificó posteriormente la información cuando se confirmó que se trataba de una falsa alarma. No obstante, los magistrados consideran que esa rectificación únicamente sirve para moderar la cuantía de la indemnización, pero no elimina la vulneración del derecho al honor que ya se había producido.
Por otro lado, la Audiencia Provincial de Bizkaia mantiene la absolución de otros dos particulares que compartieron enlaces de informaciones periodísticas sobre el supuesto vehículo sospechoso. El tribunal considera que sus actuaciones fueron diferentes, ya que se limitaron a difundir publicaciones ajenas sin añadir afirmaciones propias ni conocer el contenido de la comunicación interna de la Ertzaintza. La diferencia con el caso de Alvise reside, por tanto, en que el eurodiputado no se limitó a compartir una noticia, sino que presentó como confirmados unos datos que la propia Policía había advertido que todavía no estaban verificados.
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