La magistrada que instruye el 'caso Supercopa' tras la decisión de trasladar el campeonato de España a Arabia Saudí ha citado a declarar este lunes a Víctor de Aldama para el próximo 18 de junio. Lo hace en calidad de testigo y por el cargo que ostentó como propietario del Zamora C.F..
Este equipo peleó por hacerse con la plaza del Reus en Segunda B, pero finalmente fue para el Andorra de Gerard Piqué, investigado en esta causa junto al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
En esta línea, fue el pasado mes de marzo cuando la juez Delia Rodrigo incoporaba a la investigación la declaración que hizo el comisionista del caso Ábalos en noviembre ante la Audiencia Nacional. Entonces, De Aldama aseguraba que Koldo García, quien fuera asesor del exministro de Transportes José Luis ábalos, había movido hilos en el órgano interno del Consejo Superior de Deportes (CSD) para que el Zamora C.F. consiguiera su plaza en segunda B.
Tras ello, la Asociación Transparencia y Democracia falló, respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, que tanto las declaraciones de Aldama como un pago a la RFEF de 452.022 euros sembraban "claras dudas" sobre "la tramitación de la concesión de la plaza al F.C. Andorra". Por ello, aunque en un primer momento la magistrada de Majadahonda rechazó citarle, ahora lo hace al atender la petición de la Fiscalía de recabar el testimonio de la declaración prestada por De Aldama en el Juzgado Central de Instrucción Número 2.
Entre otras cosas, la decisión se tomó en mitad de las negociaciones por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí donde la empresa Kosmos, propiedad de Piqué, se embolsa cuatro millones de euros por cada edición, mientras que la Federación comisiona 40 millones.
De manera paralela al 'caso Supercopa' en el que ahora entra a formar parte activa, De Aldama figura también como investigado en el caso Ábalos y en la trama de hidrocarburos.
Los delitos de Aldama
Según documentos a los que ha podido acceder ElPlural.com, sobre Víctor de Aldama pesa un auto del Tribunal Supremo a cargo del juez Leopoldo Puente Segura, fechado el 16 de diciembre de 2024. En él, se le acusa de delitos por integración en organización criminal (artículo 570 bis del Código Penal), tráfico de influencias (artículo 429) y cohecho (artículo 424 en relación con el 419).
En la Audiencia Nacional, por otro lado, tiene dos disposiciones sobre él: la primera, un auto del juez Ismael Moreno Chamarro, del 22 de febrero de 2024, en el que está acusado de pertenencia a organización criminal (artículo 570 bis del Código Penal), de blanqueo de capitales (artículo 301), cohecho (419 y 424), tráfico de influencias (429), delito contra la Hacienda Pública (305) y tenencia ilícita de armas. La segunda, del juez instructor Santiago J. Pedraz Gómez, del 10 de octubre de 2024, le acusa también de pertenencia a organización criminal (570 bis), delito contra la Hacienda Pública (305) y blanqueo de capitales (301).
Entre otras cosas, Aldama también habría encontrado en el Ayuntamiento de Madrid, especialmente durante los años de mandato de Ana Botella, un nicho en el que moverse "como Pedro por su casa".
El comisionista habría hecho un negocio redondo con el beneplácito de Cibeles y vulnerando la normativa legal, según publicó hace dos semanas elDiario.es. El equipo de gobierno actual, con José Luis Martínez-Almeida, como máximo exponente, habría tardado, según la versión oficial del equipo municipal, hasta cuatro años en darse cuenta de esto y poder penalizarlo.
Los hechos tienen que ver con alquiler a un tercero sin autorización municipal previa la explotación de dos restaurantes que en 2013 se habían adjudicado a dedo a la entonces empresa de Aldama, Businesscity S.L. Con el alquiler de unos espacios, que además son de carácter público, habría obtenido unas ganancias de 150.000 euros: mientras él pagaba al Consistorio 90.000 euros por las parcelas, realquilaba la concesión por 240.000.