Esperanza Aguirre ha pasado al ataque. Su defensa ha enviado un escrito al juzgado central de Instrucción número 6 dirigido al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que carga con especial dureza contra la Fiscalía Anticorrupción. Aguirre atribuye al ministerio público una serie de maniobras torticeras a fin y efecto de incriminarla en el caso Púnica pese a la falta de pruebas y la ausencia de indicios.

En el escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, Aguirre denuncia que se han publicado en distintos medios de comunicación “noticias y afirmaciones que se atribuyen a la Fiscalía Anticorrupción en relación con este procedimiento”. A su juicio, esto “lamina los derechos” de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y supone “un verdadero fraude procesal” ya que trata de “desnaturalizar el proceso”.

Concretamente, el documento menta las informaciones que apuntan a que Anticorrupción pedirá el procesamiento de Aguirre en 2020 y que estaría sondeando a dirigentes y alcaldes del Partido Popular para que declaren en su contra.

La defensa de Aguirre cree que, al no existir ningún tipo de desmentido o rectificación por parte de la Fiscalía, dichas maniobras son “un intento de generar un estado de opinión pública” que tendrá su eco en el procedimiento.

“Ante la ausencia de indicios de criminalidad que sustenten una imputación” y la “carencia de pruebas y objetividad”, el ministerio público ha recurrido a “criterios alternativos de inferencia y puras especulaciones que, desde luego, no cumplen con las exigencias y garantías constitucionales de un justiciable”.

Esperanza Aguirre niega tres informaciones vertidas que se han atribuido a su persona y cargo y que constituirían buena parte del eje argumental que implicaría su procesamiento.

En primer lugar, niega que existiera una reunión del Consejo de Gobierno en el que “se decidiera la adopción del logotipo Madrid, la suma de todos para la comunicación institucional y la publicidad de la Comunidad de Madrid y que se impartieran órdenes o instrucciones para la contratación de D. Horacio Mercado y sus empresas”.

En este sentido, recuerda que Horacio Mercado “negó haber hablado jamás” con Aguirre de ningún tema económico o contractual.

En segundo lugar, el escrito niega que impusiera la cláusula del denominado 1%, que consistía en que las empresas adjudicatarias debían destinar ese porcentaje del dinero público en publicitar las obras. Sin embargo, según los derroteros de la investigación, ese dinero acabó empleándose para financiar campañas electorales del Partido Popular, según la Guardia Civil.

En concreto, la defensa de la exlideresa asegura que dicha cláusula no fue ideada por ella: "Asombrosamente, se pretende tildar de nula o ilegal (sin que jamás ningún órgano de la administración ni de la jurisdicción haya afirmado tal) cuando lo cierto es que la existencia de estas cláusulas [...] es algo que se contempla en nuestro derecho administrativo estatal al menos desde 1970 [y] está presente en los pliegos de los concursos de todas las administraciones estatales, autonómicas, municipales, de los organismos autónomos y de la Unión Europea".

El último “eje imaginario” que trató de imponer la Fiscalía, según la versión de Aguirre, sería atribuir la decisión de centralizar la gestión de los recursos publicitarios y de comunicación en la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Alegan que es falso puesto que esto ya existía con anterioridad.

Conviene recordar que Aguirre se encuentra actualmente imputada en Púnica y ya prestó declaración durante el pasado mes de octubre.