La agenda de Zapatero devuelve la causa al análisis del lobby y la consultoría

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero esta siendo investigado, a priori, por su supuesto tráfico de influencias en el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Sin embargo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha decidido dedicar su último informe a la actividad privada del socialista en Sudamérica, concretamente a su labor de consultor en Bolivia, que no tiene nada que ver con los hechos que investiga José Luis Calama, lo que podría constituir un nuevo caso de investigación prospectiva de las autoridades españolas.

Los agentes de la Policía Nacional han puesto el foco en si el expresidente trabajaba. Para comprobarlo, ha analizado todas las agendas que se llevaron de su despacho y los mensajes extraídos a su secretaria Gertrudis Alcázar, también investigada. Las citas de peluquería, comidas privadas y otras intimidades personales también han sido incluidas y difundidas, además de mensajes y correos que nada tienen que ver con la investigación, que rápidamente han sido filtrados con la intención de dañar al investigado y su entorno.

Otro gran trabajo de autoridades judiciales y policiales que ha descuadrado al entorno del expresidente por aludir a actividades profesionales privadas que ni están investigadas ni bajo sospecha, pues no tienen nada que ver con el objeto de la causa Plus Ultra. No obstante, la UDEF le señala por haber cobrado 200.000 euros de una empresa peruana que, según la Policía, no habrían sido a cambio de las labores de consultoría y asesoría firmadas, sino que aprovechó su figura para influir en autoridades bolivianas.

La principal tesis de los agentes de policías, creativos en su informe, al que ha tenido acceso ElPlural.com, es que el expresidente negociaba contratos y pagos con su contratante y, por otro lado, se reunió con autoridades bolivianas. “Aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional”, apuntan, estaría ejerciendo “influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. La prueba para la UDEF es que Zapatero trabaje después de haber sido presidente, dado que no puede evitar ser reconocido por aquella tarea. Además, en estos informes sí se va más allá de las meras pesquisas y recogida de pruebas.

La UDEF llega a cuestionar todo el sistema constitucional boliviano y la limpieza de sus instituciones para acusar a Zapatero. Los agentes aluden a que el socialista tenía influencia en el que fuera presidente, Luis Arce, y que, gracias a esto, consiguió revocar una sentencia contra la empresa peruana para la que trabajaba de nada más y nada menos que el Tribunal Supremo de Bolivia, estando también implicado en la causa el Tribunal Constitucional. Los agentes no se atreven a decir directamente que es obra de Zapatero, pero intentan una serie de relación temporal hechos.

Investigación "prospectiva" y filtraciones selectivas

La UDEF pone en cuestión ahora si es legal o no el lobby que realizaba Zapatero en Sudamérica, por el que cobraba y que constaba en contratos laborales. Y conocer las visitas al dentista del expresidente, y que estas se filtren, es clave en estas indagaciones, aunque al Gobierno le parezca “preocupante” por la “creciente frecuencia con que se producen filtraciones de información en el seno de causas judiciales en curso”. “Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas”, lamentan.

Actuaciones que podrían vulnerar derechos fundamentales, pero por las que en España solo ha pagado el ex fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, pese a que no pudo probarse que fuese responsable de ninguna filtración. Aquella tropelía fue para desmontar un bulo que ponía en duda el bueno nombre del Ministerio Público, algo inaceptable. En este caso, se recoge la cita en la peluquería y las comidas personales, cuestiones que si deben ser sujeto de filtraciones debido a su elevada importancia en la investigación.

Desde el PSOE no opinan lo mismo. “Utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”, alegan. Pero el informe ha sido incorporado en la Audiencia Nacional y toda la información ya ha sido filtrada, con nombres de empresarios, políticos y periodistas. Y eso que esta no es el objeto de la investigación.