La conservadora Asociación de Fiscales (AF) he emitido un comunicado en el que solicitan explicaciones a la actual fiscal general de Estado, Dolores Delgado, sobre lo que tachan de “informaciones muy graves” aparecidas en prensa y que la vinculan con el hecho de que no se renovara en la Fiscalía Anticorrupción al fiscal que llevaba el caso Villarejo, Ignacio Stampa, en lo que se ha descrito como una auténtica caza de brujas.

El asunto al que se refieren desde la AF son las informaciones periodísticas de El Confidencial y de El periódico en las que se asevera que la caída del fiscal Stampa fue ‘una jugada’ orquestada tanto por Dolores Delgado como por su pareja, el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. En dichas informaciones se llega a acusar a Delgado de alargar innecesariamente las Diligencias de Investigación Penal (DIP) abiertas contra Stampa, después de que se hicieran públicos unos mensajes telefónicos de la letrada de Podemos.

De hecho, y con relación a estas DIP, el instructor, el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Carlos Ruíz Alegría había solicitado el archivo de las mismas al no haber nada. Sin embargo, desde la Fiscalía General del Estado no solo se le apartó, sino que se le obligó a mantenerlas abiertas con la excusa de que se practicaran diligencias. Lo llamativo fue que todo eso sucedió a principios de diciembre del 2020, el Consejo Fiscal que debía darle la plaza o no a Stampa se celebró a finales de ese mes.

El fiscal no obtuvo ningún apoyo, entre otros motivos porque tenía abiertas las DIP. Pero, mágicamente, en enero, cuando Stampa ya estaba fuera de Anticorrupción y del caso Villarejo, la investigación contra él se archivó sin haberse practicado ninguna diligencia más. Son esta serie de ‘casualidades’ las que han llevado a la AF y a los medios de comunicación a cuestionarse el caso Stampa.

En su comunicado, la AF prosigue diciendo: “Su trayectoria al frente de nuestra institución da cumplida cuenta de la forma de entender su funcionamiento, marcada por el intencionado desconocimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico y en el reglamento que lo desarrolla, cuyas disposiciones han sido obviadas de manera sistemática en materias tan relevantes como las relativas al deber a abstención, a la obligada convocatoria de la Junta de fiscales de Sala a fin de tomar decisiones en aquellos asuntos que afecten a miembros del Gobierno, o al valor vinculante de las órdenes, instrucciones o circulares que en modo alguno pueden ser derogadas por una nota interior”.

Por último, desde la Asociación de Fiscales apostillan que, “desgraciadamente, el episodio que ahora se conoce no es nuevo, sino que forma parte de una manera de dirigir la institución que está generando una crisis de credibilidad del Ministerio Fiscal”.

Dolores Delgado

Por su parte, y tras el escándalo mediático, la fiscal general del Estado ha incluido un punto específico en el próximo Consejo Fiscal para tratar el asunto, y recabar información ante lo que ella define como “gravísimas y difamatorias imputaciones".