La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha resuelto que el exasesor de Toni Cantó, Alvise Pérez, incurrió en tres infracciones- dos de ellas muy graves y una grave- del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) después de que éste ocultara quién era el responsable de su página web GobiernoDimision.online. Además, habría dejado al descubierto datos personales de los usuarios sin haber tomado las medidas de seguridad pertinentes.
En concreto, y tras una denuncia interpuesta por FACUA Consumidores en Acción, la directora de la Agencia, Mar España Martí; ha resuelto imponer a Resistencia Popular SL, empresa propietaria de la página, una "sanción de apercibimiento" por vulnerar los artículos 13, 32 y 5.1.f) del RGPD.
Cabe recordar que España Martí fue una de las colaboradoras más fieles y serviles que tuvo la expresidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, durante su mandato. Por aquel entonces, la presidenta popular llegó a denunciar a Elplural.com ante la Agencia- que después pasaría a liderar su compañera- por el mero hecho de informar sobre una mansión-búnker valorada en 2,3 millones de euros, construida sobre un terreno de 12.000 metros cuadrados que, una vez más, Cospedal “olvidó” registrar en su declaración de bienes. La AEPD nos dio la razón.
En lo que respecta al actual caso, Pérez aseguró que no le había llegado "nada" en relación a la denuncia interpuesta por FACUA, a quienes acusó de fomentar una "campaña de desprestigio" contra él.
Pero después, la empresa de Alvise Pérez reconoció a la AEPD que fueron los correos de la organización alertándole del fallo de seguridad el "motivo por el cual cierran la tienda online" y no los "problemas" derivados de "la gran cantidad de visitas" que ésta estaba recibiendo.
La empresa reconoció dicho fallo y lo atribuyó a "un error humano de programación por parte del encargado del tratamiento", a pesar de que el exasesor de Toni Cantó argumentara que los datos personales identificativos de la web habían estado "siempre protegidos".
Pérez quiso ir más allá y llegó a publicar al secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, para el que pedía hasta diez años de prisión. No obstante, Sánchez desmintió que hubiera ninguna denuncia contra él o la organización en los juzgados de lo penal.