La asociación Acción Contra el Odio (ACO) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Delitos de Odio contra el diputado y portavoz adjunto de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, por la presunta comisión de un delito de incitación al odio y a la violencia contra las personas migrantes, especialmente contra menores de origen marroquí. “Hay que ir pescando, uno a uno, pam, pam, pam, y llevarlos de vuelta a donde ha venido”, manifestó el ultraderechista durante una intervención en el programa ‘En Boca de Todos’.
La organización considera que sus declaraciones podrían encajar en los delitos previstos en el artículo 510 y siguientes del Código Penal. Las expresiones abiertamente violentas y racistas de Figaredo llegaron cuando fue preguntado por la acogida de migrantes en las Comunidades Autónomas (CCAA) donde Vox gobierna junto al Partido Popular (PP), marcando por completo el discurso a seguir en materia migratoria. “Estos menores tienen que volver a su país”, insistió, pese a conocer que esto contraviene la ley, llegando a defender que había que “ir cazándolos uno a uno” a los niños y niñas.
La polémica no terminó con aquella intervención. Días después, Figaredo regresó al programa y tuvo la oportunidad de rectificar sus expresiones tras de la repercusión que habían provocado; sin embargo, lejos de hacerlo, mantuvo su posición y volvió a utilizar la expresión “cazar uno a uno” en referencia a los menores de origen marroquí afectados por la crisis humanitaria en la ciudad autónoma. El diputado, además, acusó de “tener la piel muy fina” a quienes habían cuestionado sus palabras.
Durante esa misma entrevista, el dirigente de Vox fue preguntado de nuevo por su posición respecto a la legislación de protección de los menores migrantes y a las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de protección de la infancia y reiteró que los gobiernos autonómicos del PP y Vox se “opondrán radicalmente al reparto”, como ha quedado claro con la no asistencia de Extremadura, Aragón y Castilla y León a la Conferencia Sectorial de Infancia. “Repartirlos no, devolverlos”, concluyó Figaredo.
Un contexto de aumento del discurso de odio
ACO, lejos de detenerse en el caso específico, sitúa las declaraciones de Figaredo en un contexto de creciente y documentada proliferación de mensajes racistas y xenófobos relacionados con la crisis migratoria. Según un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), elaborado a partir de los datos del sistema FARO, los días 30 y 31 de julio se registró un pico extraordinario de discurso de odio en Internet, con 9.590 publicaciones monitorizadas, en su mayoría dirigidas contra personas migrantes.
El repunte coincidió con uno de los momentos de mayor intensidad del debate público sobre la situación de los menores migrantes en Ceuta y contribuyó al incremento registrado durante el conjunto de julio: 57.406 contenidos de discurso de odio, frente a los 40.800 contabilizados en junio. Las palabras de Figaredo, como sostiene el equipo jurídico de Acción Contra el Odio sen su denuncia, pueden actuar como “la mecha que enciende episodios de violencia y rechazo a los menores migrantes”.
En su escrito, ACO pone también el foco en la amplia difusión de las declaraciones. La organización subraya que fueron pronunciadas por un representante parlamentario nacional en un medio de comunicación de alcance generalista y en horario de máxima audiencia, circunstancias que, a su juicio, deben ser tenidas en cuenta a la hora de valorar su posible impacto. Por todo, la asociación solicita a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación preprocesal y la elaboración de un atestado policial que permita analizar tanto el contenido de las declaraciones como las circunstancias que rodearon su difusión y los posibles agravantes asociados al caso.
Por último, la organización advierte, además, de que no es la primera ocasión en la que partidos de extrema derecha alimentan, mediante sus discursos públicos, reacciones violentas contra colectivos migrantes, incluida la organización de “patrullas vecinales coordinadas”, plagadas por conocidos fascistas. La asociación considera que el caso reúne los elementos necesarios para investigar la posible existencia de conductas susceptibles de generar violencia, hostilidad, odio o discriminación contra colectivos protegidos por el artículo 510 del Código Penal.
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