Una serie de movimientos dejó en el aire la comparecencia del ex ministros de Transportes José Luis Ábalos en sede judicial. El socialista, que declarará ante el juez del Tribunal Supremo por iniciativa propia, está dispuestos a defenderse como gato panza arriba frente a la versión que ofrecen los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que salpica al que fuera número tres del escalafón del PSOE. Lo hará, además, en torno a las 10:00 horas de este jueves y después de que el magistrado Leopoldo Puente centralizara toda la labor de la acusación particular sobre el Partido Popular.

El juez instructor que investiga al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos por su presunto "papel principal" en la trama de las mascarillas, Leopoldo Puente, adopta una decisión similar a la que el martes tomó el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la causa que investiga a Begoña Gómez. En lugar de Hazte Oír, será el Partido Popular el que represente a todas las acusaciones populares en el Tribunal Supremo. De este modo, dio prioridad a quienes primero se personaron en la causa, que fueron con los conservadores. Además de ellos, también figuran como acusación Vox, Hazte Oír, Liberum, Manos Limpias, Abogados Demócratas por Europa y Iustitia Europea.

Sobre la mesa del instructor se diseminan cuatro elementos indiciarios que sitúan el exministro en el eje de la investigación y que, a su vez, conformó el “papel principal” que la Audiencia Nacional le atribuyó. En concreto, se refiere al uso de una casa en la provincia de Cádiz el 2021, que fue adquirida por una empresa vinculada a la investigación. A ello se le suman dos contratos laborales a su expareja, así como el pago de su vivienda en Madrid por la red. No obstante, Víctor de Aldama introdujo un cuarto elemento en el escrito remitido al Tribunal Supremo. Se trata de un contrato de alquiler con opción a compra de una vivienda lujosa en Madrid a título del empresario, pero que Abalos ni pagó por su arrendamiento.

En cualquier caso, Ábalos prepara el desfile judicial bajo la premisa de aclarar los indicios documentales a los que aluden los investigadores, así como las contradicciones en las que incurrió Víctor de Aldama. De hecho, fue el empresario el que destacó su “papel relevante". El diputado del Grupo Mixto espera todo tipo de cuestiones: desde la compra de vacunas en pandemia, la relación con Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, la presunta reunión con Delcy Rodríguez.

También se abordará sobre el encuentro que la número dos del régimen de Nicolás Maduro tendría con la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a tenor de la extradición de Hugo Carvajal -más conocido como El Pollo-, aunque el ex jefe de la inteligencia del país latino no fue detenido hasta septiembre. Por su parte, se le interrogará sobre las presuntas gestiones que se le atribuyen por otorgar la licencia de operador de hidrocarburos a al empresa Have Got Time, la misma compañía que se hizo con los servicios de hidrocarburos. El presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, apostilló que aún no existía la mercantil cuando se celebró.

Dispuesto a "desmontarlo todo"

El magistrado ha fijado para el jueves 12 a las 10 de la mañana la comparecencia voluntaria del exministro de Transportes. Ábalos, que subraya que aún no ha sido formalmente expulsado del PSOE —ya que ha recurrido la decisión— ni imputado oficialmente en el caso, al menos hasta que el Congreso reciba y tramite el suplicatorio, ha decidido adelantarse y pedir su declaración. Según ha manifestado, desea poder responder y ofrecer su versión de los hechos sin restricciones.

En declaraciones a El Mundo, Ábalos expresó su satisfacción porque por fin le permitirán hablar: “Después de muchos intentos, por fin me dejan hablar”, comentó el diputado del Grupo Mixto. Ábalos tiene la intención de abordar su declaración de forma distinta a lo esperado y refutar las versiones de la Guardia Civil, el fiscal y las declaraciones de Víctor de Aldama, quien hizo unas fuertes acusaciones en su comparecencia ante la Audiencia Nacional. "Me limitaré a desmontar lo que dice la UCO, lo que dice el fiscal y lo que dijo Aldama", indicó.

Este punto es clave para el avance de la investigación, ya que Ábalos comparecerá cuatro días antes que Aldama, el principal comisionista de la trama, quien en su declaración ante la Audiencia señaló a Ábalos y afirmó haber entregado alrededor de 600.000 euros al entonces ministro en concepto de comisiones. Ante esta versión del empresario, quien es considerado un "delincuente confeso" por el PSOE, y dado que no se puede citar a Ábalos como imputado debido a su condición de aforado, se le ha concedido la posibilidad de declarar voluntariamente para fortalecer su derecho a la defensa.

Ábalos está decidido a responder a todo lo que el juez le presente. Ha asegurado que se encuentra dispuesto a refutar las acusaciones que hace la UCO en sus informes, así como las declaraciones del empresario, quien recientemente salió de prisión tras sus incendiarias acusaciones en otro de los casos abiertos contra él, el de los hidrocarburos. “Voy a desmentir todo”, afirmó Ábalos en sus comentarios a El Mundo.

Así, Ábalos podría establecer un marco de no agresión con el empresario y principal negociador de la trama. Sin embargo, al haberse adelantado a su declaración y no poder responder directamente a lo que Aldama o Koldo García Izaguirre pudieran añadir en sus declaraciones, ha decidido hablar abiertamente y sin reservas.

En cuanto a la versión de la UCO, esta ha señalado a Ábalos como uno de los actores principales en la trama, asignándole un "papel relevante y de responsabilidad" dentro de la red de corrupción que operaba bajo la dirección de su mano derecha, Koldo García. Según los investigadores de la Guardia Civil, Aldama actuaba como enlace con el Ministerio de Transportes que Ábalos dirigía, creando "estructuras societarias" bajo su control y que no solo le reportaban beneficios económicos derivados de su influencia en el Ministerio, sino que también se destinaban a "pagar dádivas" para asegurar la complicidad de ciertos funcionarios públicos.