José Luis Ábalos afronta este lunes una de las jornadas más decisivas del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. El exministro de Transportes declarará ante el alto tribunal después de que ya lo hayan hecho los otros dos acusados principales: su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

La comparecencia de Ábalos llega en la recta final de un proceso que comenzó el pasado 7 de abril en el Salón de Plenos del Supremo. Después de dos interrogatorios extensos - uno para Koldo y otro para Aldama -, se prevé que el turno del exministro ocupe las sesiones de mañana y tarde. Tras su declaración, el juicio quedará pendiente de la prueba documental y de los informes finales de las acusaciones y las defensas, por lo que podría quedar visto para sentencia este martes.

Ábalos llega al tribunal como principal acusado de una causa en la que la Fiscalía Anticorrupción le atribuye un papel central dentro de una presunta trama que habría aprovechado su posición al frente del Ministerio de Transportes para favorecer contrataciones públicas a cambio de beneficios económicos. El exdirigente socialista fue ministro entre 2018 y 2021 y también ocupó la Secretaría de Organización del PSOE, una de las posiciones de mayor peso interno en el partido.

Koldo, Aldama y el relato que espera a Ábalos

La declaración del exministro se produce después de que Koldo García defendiera su inocencia y negara haber tomado decisiones sobre la compra de mascarillas. Según su versión, Ábalos le encargó únicamente estar pendiente de la llegada del material sanitario a España en un momento de máxima urgencia por la pandemia.

El exasesor reconoció, sin embargo, haber recibido billetes de 500 euros del partido, algo que dijo considerar “totalmente legal” y a lo que, según admitió, se refería como “chistorras”. También negó haber percibido 10.000 euros mensuales de Aldama, señalado por la Fiscalía como presunto conseguidor de la trama, y aseguró que Ábalos fue amenazado por su expareja Jéssica Rodríguez con airear aspectos de su vida privada.

Koldo también trató de separar su papel del presidente del Gobierno. Afirmó que trató con Pedro Sánchez cuando este era líder del PSOE, pero no una vez llegó a Moncloa: “Yo no hablaba con el presidente del Gobierno”, sostuvo durante su declaración.

Más explosiva fue la comparecencia del delincuente confeso Víctor de Aldama, que declaró que Sánchez era “el uno” de una supuesta organización criminal con jerarquías y que “todo lo sabía”. Eso sí, sin aportar ninguna prueba que acredite el relato que le mantiene fuera de prisión. También aseguró que Koldo y Ábalos querían que constructoras colaboraran en “la financiación del PSOE” y afirmó haber pagado entre 3,5 y 4 millones de euros a ambos.

La tesis de Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Ábalos, Koldo y Aldama “convinieron” aprovecharse del cargo del entonces ministro para favorecer contrataciones con la Administración “en cuantas ocasiones hubiera oportunidad”. Según el fiscal jefe, Alejandro Luzón, la finalidad era obtener beneficios económicos mediante empresas cuyos intereses habría captado y promovido Aldama.

El Ministerio Público habla de una presunta organización con “ánimo de enriquecimiento” y con vocación de permanencia. En su escrito de acusación, Anticorrupción afirma que los tres acusados acordaron la comisión futura de delitos conforme fueran apareciendo oportunidades. También apunta a la colaboración puntual o continuada de autoridades, funcionarios del Ministerio de Transportes, personas del entorno empresarial de Aldama y familiares de Koldo.

La Fiscalía considera que la estructura comenzó a debilitarse tras la salida simultánea de Ábalos y Koldo del Ministerio en julio de 2021. Hasta entonces, según su relato, el grupo habría proyectado su actuación en distintas esferas, partiendo de una misma estructura de poder e influencia.

Anticorrupción pide para Ábalos 24 años de prisión por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para Koldo solicita 19 años y medio de cárcel, además de una multa de 3,8 millones de euros. En el caso de Aldama, la Fiscalía interesa 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones, aplicándole la atenuante de confesión. Las acusaciones populares encabezadas por el PP elevan su petición hasta los 30 años de cárcel para el exministro y su antiguo asesor.

“El jefe”, el “alter ego” y la interlocución privilegiada

Uno de los puntos centrales del relato fiscal es el reparto de papeles. Anticorrupción sostiene que tanto Koldo como Aldama consideraban a Ábalos “el jefe”. El exministro, según Luzón, aportaba la autoridad derivada de su cargo y su influencia cuando era necesaria. Para el resto de gestiones, se apoyaba en Koldo, descrito como su hombre de confianza.

La Fiscalía va más allá y define a Koldo como el “alter ego” de Ábalos durante su etapa al frente de Transportes. Según el escrito, el exasesor actuaba como transmisor de las decisiones y deseos del ministro dentro del departamento y ante otras administraciones. También le atribuye el manejo de presuntas fuentes ilegales de dinero en efectivo, que, según Anticorrupción, se confundían en ocasiones con las suyas propias.

Aldama, por su parte, aparece en el relato del Ministerio Público como el empresario con acceso preferente al exministro y capacidad para articular intereses privados ante la Administración. Esa “interlocución privilegiada” le habría permitido conocer necesidades urgentes de compra de material sanitario, identificar empresas y confeccionar ofertas para captar contratos, primero en Transportes y organismos vinculados, y después en administraciones autonómicas como Canarias y Baleares.

Con este escenario, la declaración de Ábalos se perfila como la última gran pieza oral del juicio. Su defensa tendrá que responder al relato de Anticorrupción, a las contradicciones de Koldo y a las acusaciones de Aldama. El exministro llega al Supremo con el foco político y judicial encima, en una causa que entra ya en sus horas decisivas.

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