La tasa de basuras es un tributo específico que permite a los servicios municipales cubrir los gastos derivados de la recogida de residuos urbanos. Aunque no todas las ciudades la aplican actualmente, ya que algunas prefieren usar otros impuestos como el IBI, esta situación cambiará pronto. Los ayuntamientos que aún no han implementado la tasa de basuras deberán hacerlo antes del 8 de abril de 2025, y aquellos que ya la tienen deberán ajustarla, lo que probablemente implicará un aumento en su importe. Esta medida busca contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea en materia de reutilización y reciclaje.
El objetivo de la tasa es claro: cumplir con las metas de la Unión Europea, que requieren alcanzar un 55% de reutilización y reciclaje para 2025 y un 65% para 2035. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, promulgada el 8 de abril de 2022, establece un plazo de tres años para que todas las entidades locales implementen una tasa que refleje el coste real de la gestión de residuos. Esto incluye la recogida, transporte, tratamiento y mantenimiento de vertederos, así como campañas de concienciación. Para el 8 de abril de 2025, todos los municipios con más de 5.000 habitantes deberán tener una tasa específica.
La tasa de basuras: un cambio inminente en los municipios españoles
La cuestión de cuánto se paga por la tasa de basuras es compleja. En 2022, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revisó las tasas en España y descubrió grandes diferencias de precio entre municipios. Algunas ciudades, incluso con tasas elevadas, no lograban cubrir el coste real del servicio de gestión de residuos. La pregunta que surge es si el consumidor pagará más. En teoría, no debería ser así, ya que los ayuntamientos ya recaudan impuestos para cubrir estos gastos. Sin embargo, para la OCU cualquier incremento en la tasa debería ir acompañado de una reducción en otros tributos, especialmente el IBI.
La tasa de basuras debe fomentar la recogida separada de residuos y su reciclaje, sostiene la organización. La norma permite personalizar la cuantía de la tasa bajo el principio de "quien contamina, paga". Esto significa que el importe podría variar según diferentes criterios, como el valor catastral, la superficie del inmueble, el número de ocupantes o el consumo de agua. Además, los usuarios que separen correctamente sus residuos podrían beneficiarse de reducciones en la tasa, incentivando un comportamiento más sostenible. También se prevén tasas diferenciadas para consumidores en riesgo de exclusión social, teniendo en cuenta ingresos, condición laboral, familiar o personal.
La responsabilidad del pago de la tasa de basuras recae sobre el productor de los residuos. Según la Ley de Haciendas Locales, el sujeto pasivo de la tasa es el ocupante de la vivienda o local, es decir, el inquilino. Sin embargo, el propietario del inmueble actúa como sustituto en cuanto a la obligación del pago y puede repercutir la cuota en el beneficiario. Para evitar problemas, es recomendable especificar en los contratos de alquiler que es el inquilino quien se hace cargo de esta tasa. De este modo, se asegura una gestión clara y justa de la responsabilidad de pago.
Impacto en el bolsillo del consumidor: ¿más gasto o redistribución?
La OCU insiste en la necesidad de que el modelo que adopten las entidades locales sea efectivo y cómodo para los usuarios. Es fundamental que no se requiera la compra de bolsas específicas ni el uso de sistemas complejos. Además, la tasa debería estar lo más individualizada posible, evitando cálculos generalizados por barrios. Esto es importante para no perjudicar a quienes reciclan correctamente, ya que sería contraproducente y desincentivaría las buenas prácticas en los hogares. La equidad y la practicidad deben ser pilares fundamentales en la implementación de esta tasa.
La implementación de la tasa de basuras representa un desafío para los municipios, que deberán equilibrar la necesidad de cumplir con los objetivos europeos con la equidad y comodidad para los ciudadanos. La personalización de la tasa según el principio de "quien contamina, paga" busca incentivar un comportamiento más sostenible. Sin embargo, es crucial que cualquier ajuste en la tasa esté acompañado de una redistribución justa de otros tributos. La claridad en los contratos de alquiler respecto a la responsabilidad del pago también es esencial para evitar conflictos entre propietarios e inquilinos.