Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció el pasado miércoles la disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de elecciones para el próximo 4 de mayo. Todo ello como maniobra para evitar que PSOE y Ciudadanos se aliaran para presentar una moción de censura en la región, tal como ha argumentado. La incertidumbre creada, y que deben resolver los tribunales, sobre si prevalece la operación de Ayuso o las mociones presentadas por PSOE y Más Madrid, ha causado preocupación entre los familiares de ancianos en residencias de la Comunidad.

“Queremos mostrar la preocupación por las consecuencias que esa decisión puede tener en el proceso que se había abierto en la Asamblea de Madrid para investigar lo sucedido con la crisis sanitaria del coronavirus en las residencias”, expresa en un comunicado la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE).

Así, insisten en que no van a consentir que el trabajo realizado hasta este momento en la Comisión de Investigación se quede “en agua de borrajas”, por lo que exigen a todos los partidos y candidaturas electorales que, en caso de llevarse a efecto la convocatoria de elecciones, se presente el compromiso firme de continuar con este trabajo en la futura legislatura, con el fin de esclarecer lo acontecido en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid en esta pandemia.

En el mismo comunicado enumeran y detallan también las conclusiones a las que la asociación ha llegado tras las sesiones que ya se han celebrado desde que comenzase la Comisión de Investigación, en el pasado mes de octubre. En primer lugar, resaltan las contradicciones en el tema de protocolos y en las declaraciones de los altos cargos en la Comisión. Prestan especial atención a los argumentos de los protocolos que tildaban de borradores, aunque insisten en que ellos lo entienden como una orden de obligado cumplimiento. En este sentido también recriminan que no se buscaron alternativas a la no derivación de ancianos a los hospitales. Ni se medicalizaron las residencias ni se derivó a hospitales privados.

“Cuando una norma entra en colisión con derechos fundamentales no se debe obedecer”, apunta PLADIGMARE, en clara referencia al protocolo que instaba a la no derivación de ancianos a los hospitales. No obstante, también señalan que el derecho a la salud y a ser atendido es universal.

Exclusión de familiares y tardanza en la intervención

Desde PLADIGMARE también lamentan que PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid​ vetaran la comparecencia individual de familiares de residentes. “Pensamos que ninguno como ellos ha visto y sigue viendo de cerca lo ocurrido en las residencias desde el día 9 de marzo de 2020”, señalan, antes de añadir que “el relato de lo vivido, sobre todo por parte de familiares que han perdido a sus seres queridos, daría idea del calado del drama padecido y pondría de manifiesto los fallos graves tanto por parte de las residencias como de los organismos oficiales de velar por el cumplimiento de las normas antes y durante la pandemia”. También recalcan que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, debería dimitir y, de no ser así, quien lo debería hacer es la presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso.

Sobre la tardanza en intervenir a las residencias, la asociación recrimina que no se cumplieron las órdenes ministeriales para clasificar a los residentes según su relación con el coronavirus, ni tampoco se hizo caso a la orden 275/2020 que permitía intervenir a las residencias que no pudiesen realizar dicha clasificación, pero sí se elaboró un protocolo que impedía la derivación a los hospitales de la mayor parte de los residentes por ser mayores y estar en una institución.