Coincidiendo con la celebración de la Semana Santa, marcada por el coronavirus y el confinamiento de millones de españoles, el Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Senado en la que emplaza al Gobierno de Pedro Sánchez a actuar para que los partidos políticos "garanticen el derecho fundamental a la libertad religiosa" y las administraciones "vigilen" para que se reduzca "el número de ataques, daños y profanaciones infringidas en los templos y espacios de culto".

Una moción que se conoce este Viernes Santo y que los populares han registrado para su debate en la Comisión Constitucional y que firman los senadores Javier Puente, Amelia Salanueva, Ana Camins, Rodrigo Mediavilla, Antonio Román, Pablo Ruz Villanueva y José Enrique Sánchez.

En la exposición de motivos del texto el PP asegura que hay un gran número de ataques calificados como de 'laicismo beligerante' y dice que su "único propósito es que la religión desaparezca de la vida pública". "A menudo se confunde aconfesionalidad del Estado, como prescribe la Constitución Española, con la marginación de las creencias religiosas del ámbito público", añade en su iniciativa.

Utilizan datos de 2018

Lo llamativo es que para realizar esta denuncia, los populares no utilizan datos actuales, sino de 2018 (año que gobernó Mariano Rajoy hasta el mes de junio). De hecho, en su moción el PP cita datos que ya habían sido reflejados en el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC).

Según dicho informe, en 2018 España registró 200 ataques a este derecho fundamental, lo que supone un 20% más que en 2017. Para el PP, es "preocupante, sobre todo, el gran número de ataques a templos que se registran cada año en España". "De ocho en 2014 hemos pasado a 53 el año pasado, siendo las iglesias cristianas las que más ataques han sufrido", señala.

 

Por todo ello, el PP insta al Gobierno a que "los partidos políticos, en su actividad pública y legislativa, respeten y garanticen el derecho fundamental a la libertad religiosa, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, así como el cumplimiento de los tratados y convenios firmados por las distintas confesiones religiosas".

Además, solicita que "se mejore la atención a las víctimas y se proporcione seguridad a los fieles, para que puedan ejercer su libertad de acceder a los lugares de culto cuando se han producido ataques, amenazas o agresiones".