España es uno de los principales países de Europa de tránsito y destino para la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado liberaron a 1.794 víctimas, un porcentaje un 22 % mayor que el correpondiente al del año anterior.
En total, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 419 operativos, detuvieron a 966 personas y desarticularon 110 redes criminales dedicadas a la trata. Entre las víctimas rescatadas, 1.281 estaban siendo prostituidas, aunque sólo en 513 casos se pudo confirmar su vinculación directa a redes organizadas.
En contextos específicamente ligados a la trata con fines sexuales, según las fuerzas de seguridad del Estado, fueron liberadas 256 mujeres, entre ellas cinco menores de edad. A estas se suman otras 376 víctimas rescatadas de situaciones de prostitución forzada, con 11 menores implicadas.
Mujeres migrantes con cargas familiares y estudios, principales víctimas
Según los datos de la ONG Fiet, que cuenta con un proyecto dedicado a la atención integral de estas víctimas, el perfil de las mismas es el siguiente:
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Edad media: 35 años.
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Origen migrante: el 96 % de las mujeres son extranjeras, y el 70 % carece de documentación legal.
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Procedencias más frecuentes: Colombia, Venezuela, Paraguay, Nigeria y Camerún.
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Cargas familiares altas: el 95 % sostiene a familiares económicamente desde España.
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Formación media o universitaria: Algunas de estas mujeres llegan a nuestro país con formación media o universitaria, pero terminan en circuitos de explotación por falta de opciones laborales o engaños en el país de origen
“Nos encontramos con mujeres que fueron enfermeras, maestras o administrativas en su país. El empobrecimiento, las violencias previas o la necesidad las han empujado hacia esta esclavitud moderna”, explica Fiona Bellshaw, alma máter de FIET y directora de relaciones institucionales de la ONG.
Esta organización, presente en cinco Comunidades Autónomas: Madrid, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Melilla, a través de su proyecto Rescatar y Restaurar ofrece a las víctimas ayuda psicológica, sanitaria, jurídica, educación, formación, inserción laboral, formación materno-educativa, integración, recreación y ocio, alojamiento y atención 24 horas. "El objetivo es prevenir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral, y prromover la atención integral de personas víctimas de este delito con el fin de facilitar su integración social y el restablecimiento de sus derechos”; subraya Bellshaw.
El pasado año esta entidad atendió a 1.566 mujeres de 34 nacionalidades diferentes, mayoritariamente de América Latina y acogió en las casas destinadas a este fin a 41 mujeres y cinco hijos/as menores, todos ellos en situación de vulnerabilidad.
No obstante, aunque las migrantes siguen siendo las principales víctimas, está creciendo el número de españolas. Fiet prestó asistencia a un 46% más de víctimas de nuestro país en 2024 que en 2023.
Desde esta ONG advierten también de que los relatos de las víctimas comparten patrones similares: promesas de trabajo que terminan en coerción sexual, vigilancia constante, documentación retirada y amenazas. De hecho, en las redes que han sido desmanteladas este año, en la Comunidad Valenciana, o en la Operación Bildalketa, desarrollada en Cantabria y Bizkaia, se ha compobado que muchas mujeres vívían hacinadas y sin contacto con el exterior.
Secuelas físicas y mentales
Las secuelas que deja la explotación sobre las víctimas son físicas y mentales y comprenden ansiedad, trastornos del sueño, depresión y estrés postraumático. Es más esta organización advierte de que han aumentado en un 20 % los casos de salud mental severa que atienden.
Legislar para abolir
En base a datos de un estudio del Ministerio de Igualdad, a día de hoy se calcula que hay en España 114.576 mujeres ejerciendo la prostitución. De ellas, hasta el 80 % podría estar en riesgo de trata o explotación sexual, aunque otras investigaciones más restrictivas sitúan esa cifra en torno al 24 %, lo que refleja grandes discrepancias metodológicas y dificulta la cuantificación.
Desde FIET alertan, no obstante, de la importancia de que esta invisibilización estadística no esconda el problema: "Hay mujeres prostituidas en cada ciudad, barrio y pueblo. Muchas están atrapadas, sin alternativas, en una red de silencios, deudas y coerción que no siempre se ve, pero que siempre deja cicatrices", subraya Bellshaw.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya ha avanzado que en septiembre de 2025 se presentará en el Consejo de ministros el anteproyecto de ley abolicionista de la prostitución, una normativa que busca penalizar a los demandantes (clientes) y a quienes se lucran con el cuerpo de otras personas.
Además, se trabaja en una ley integral contra la trata, y sigue vigente el Plan Camino (2022–2026), que ya ha brindado apoyo a más de 20.000 mujeres y 700 menores. "La colaboración con entidades del tercer sector será clave en su implementación", apuntan desde Fiet.
Cambiar el modelo social
Más allá de leyes, cifras, informes y operativos, "la explotación sexual siguen siendo una realidad estructural profundamente arraigada", alerta esta organización no gubernamental. Las mujeres atrapadas en el sistema prostitucional, en su mayoría jóvenes, migrantes, sin red social ni protección institucional, "necesitan algo más que rescates puntuales: necesitan salidas dignas, alternativas reales y reparación", recalcan.
"El fin de la trata no pasa sólo por más leyes o más policías, sino por cambiar el modelo social que normaliza comprar cuerpos. La abolición empieza en la conciencia colectiva", puntualiza la directora de relaciones institucionales de Fiet.