La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia prevista para el próximo mes de septiembre ha generado, al contrario de lo que se pretendía, ruido y descontento entre los profesionales del ramo. 

La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de enero, contempla una reestructuración de las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de manera que estos pasaran a cubrir un mayor número de delitos, sin la necesidad de construir nuevos juzgados. Concretamente, los delitos de mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el acoso con connotación sexual

A pesar de que la iniciativa busca dotar de una mayor especialización a estos Juzgados, los magistrados han vuelto a manifestar cierta alarma ante lo que consideran riesgo de “colapso” al tener que asumir una mayor carga de trabajo. Precisamente este miércoles, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencias en esta materia en la provincia de Valencia han advertido de los efectos que se pueden derivar de la entrada en vigor de esta ley.

Poniendo el foco en las víctimas que sufren este tipo de violencias, los titulares de estos juzgados han lamentado que la atención a estas vaya a ver disminuida su calidad. “Hay una cuestión que no puede soslayarse, cuál es el trato a la víctima de violencia de género, que va a quedar diluida entre todas las demás”, han señalado. Asimismo, han lamentado que “ante el ingente e inasumible aumento de competencias por unos órganos ya de por sí colapsados, se va a ver irremediablemente privada del trato personalizado que hasta la fecha se le procuraba dispensar con los medios materiales y personales existentes”. 

Llueve sobre mojado: juzgados ya desbordados

En línea con la preocupación mostrada por los magistrados, alegan que la nueva norma supone empeorar un escenario que actualmente ya se encuentra saturado. Con motivo de la subida de casos que se han “multiplicado exponencialmente”, señalan que la carga de trabajo actualmente es “ya importante”. 

Por todo ello, temen que el aumento de las competencias que ahora deberán abordar les obligará a resolver “por encima” de sus posibilidades lo que podría afectar de manera notable en la salud laboral del personal, que se podría ver también obligado a prolongar la jornada laboral “mucho más allá” de las horas pactadas. 

“Es apremiante y perentorio que la ciudadanía, los y las profesionales involucradas en la lucha de violencia de género, y asociaciones encargadas de la atención y protección de las víctimas tanto de violencia de género como sexual, tengan conocimiento, pues las medidas deben adoptarse proactivo y no reactivo, antes de que ese colapso se produzca, sin que luego pueda pretenderse culpar a los y las profesionales” de las carencias respecto a la atención a las víctimas.

Justicia descarta el colapso

No obstante, pese a las reiteradas advertencias por parte de los profesionales del ramo, el pasado mes de enero, cuando se dio a conocer la adaptación de los juzgados, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lanzó un mensaje de calma defendiendo que, aunque el incremento del trabajo se estima “en torno a un 20%”, el tiempo que transcurrirá hasta que entre en vigor la ley será suficiente para una correcta adaptación.

En este sentido, Bolaños señaló que hasta que los juzgados asuman las nuevas competencias pasarán todavía nueve meses, un tiempo que considera suficiente para adaptar la planta judicial, y en el que se transformarán algunos juzgados de instrucción en juzgados de violencia de género y se ampliarán también los recursos para dar respuesta a este aumento de trabajo.

No se contemplan nuevos juzgados

Pese a los cambios que supone esta nueva ley, el titular de la cartera de Justicia adelantó que no será necesaria la creación de nuevos juzgados porque “será una sección especializada dentro de los tribunales de instancia”.

En línea con esto último, añadió que “crear un juzgado cuesta en torno a 400.000 euros, pero con la nueva ley ya no hay que crear juzgados” y que se podrán asignar jueces magistrados a esas secciones cuyo coste será inferior a 100.000 euros. “El coste que antes suponía crear un juzgado, ahora vamos a poder asignar entre 4, 5 o 6 jueces magistrados a esas secciones. Y por tanto vamos a poder descongestionar, y mucho, los juzgados, también los de violencia sexual”, ha explicado.