Este lunes la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, llamaba a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.
Una decisión que tomaba Rodríguez-Medel después de dar como bueno un informe elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Un atestado que, a su vez, según informa 'eldiario.es', está lleno de bulos, declaraciones manipuladas y un despropósito de fechas. Hay que recordar que el jefe de esta unidad, el coronel Diego Pérez de los Cabos, era cesado este lunes por parte del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por "pérdida de confianza".
De esta manera, en dicho atestado, que consta de 81 páginas, se afirma, entre otras cosas que Pedro Duque, ministro de Ciencia, “reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020. En rueda de prensa junto al ministro de Sanidad explicó que los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Este mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir los plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento”. Por todo ello, el informe concluye que “el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad de la epidemia del cornavirus”. Una conclusión que a su vez parte de una noticia publicada en 'OK Diario' (así se reconoce en el atestado). De hecho, un párrafo después de esta sentencia, se afirma lo siguiente: "Por todo lo expuesto hasta el momento en el cuerpo de la diligencia, es parecer de esta instrucción que la Delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020".
Otro bulo que contiene el informe es la manipulación que hacen de una información que publicó el medio Redacción Médica el pasado 28 de febrero, sobre unas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. El atestado utiliza esta información para asegurar que ese día Simón reveló que había “trasmisión comunitaria”. “Este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos", alerta el informe.
No obstante, lo que dijo en realidad Simón ese día fue totalmente lo contrario. “Esto, según ha explicado [Simón], se debería a que en los casos que se considera por ahora ‘transmisión comunitaria’ (Madrid y Sevilla) se han podido transmitir a un nivel ‘muy bajo’”, se apuntaba en la noticia original, que todavía se puede leer.
Otra prueba que aparece en el informe es “la prohibición de un congreso evangelista en Madrid con un aforo estimado de 5.500 personas", y nuevamente vuelven a citar una información de OK Diario. "Acredita de manera inequívoca el contenido de las manifestaciones aportadas figurando un documento suscrito el 6/03/2020 por la Directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, quien haciendo referencia al oficio del Ministro de Sanidad 03/03/2020 'Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19', significa los riesgos de transmisión y para la salud de la población de EVENTOS MULTITUDINARIOS DE CUALQUIER TIPO, recomendando su APLAZAMIENTO" (sic.), apuntan en el apartado de conclusiones, haciendo especial énfasis en las palabras en mayúsculas. Sin embargo, el atestado de la Guardia Civil se olvida de mencionar estas líneas de las recomendaciones establecidas por Sanidad: “Con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-Cov-2”. Un matiz que fue definitivo para permitir la manifestación del 8M.
Otro error grosero del documento se produce cuando el informe analiza los avisos de los organismos internacionales supuestamente ignorados por parte del Ejecutivo. En este sentido, el atestado señalado la Organización Mundial de la Salud tildó al coronavirus de pandemia el 30 de enero de 2020. Sin embargo, dicha calificación no se produjo hasta el 11 de marzo.
Por último –hay varios casos más, especialmente centrados en la celebración del 8M-, junto al informe los investigadores de la Guardia Civil entregaron un vídeo que se emitió en la página web de la Cadena Cope y que acusaba a las ministras presentes en aquella manifestación feminista de llevar guantes para protegerse del coronavirus, señalado de esta manera que estas sabían del peligro real del virus. Y efectivamente, en dichas imágenes se aprecia como Isabel Celàa y Magdalena Valerio (exministra de Trabajo) portando unos guantes de látex de color morado. Sin embargo, esto no se debe a que intentaran protegerse de la COVID-19, sino que se trata de un gesto simbólico. De hecho, echando un vistazo a manifestaciones de años anteriores, se ve cómo cientos de mujeres llevan guantes similares.
