El problema de la vivienda se ha convertido en una preocupación cada vez más acuciante para todas las edades, pero con especial énfasis para aquellos jóvenes que buscan labrarse un futuro y tener una casa en propiedad. Esta cuestión ya se veía complicada hace unos años atrás, pero actualmente, se percibe prácticamente imposible; más aún cuando la edad media de emancipación en España ha crecido hasta situarse en los 30 años.

Cada vez es más difícil irse de casa de los padres, o vivir en un piso de alquiler sin compartir con otros compañeros y, teniendo en cuenta la generación actual de jóvenes entre 20 años, las previsiones no apuntan a un horizonte optimista. Según desprende el Observatorio de Emancipación de 2025, elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), el 85,5% de los jóvenes de entre 16 y 29 años aún no se han independizado, una cifra que ya ha apuntado un récord histórico en nuestro país.

Un baremo y unas cifras que se traducen en un total de 6,3 millones de personas que siguen viviendo en casa de sus padres, lo que supone un “obstáculo” más en el acceso a la vivienda asequible y digna. En este sentido, el Observatorio apunta que la tasa de emancipación juvenil ha descendido a un mínimo histórico desde que existen registros, teniendo en cuenta que tan solo un 14,5% de los jóvenes hasta los 30 años logró independizarse en 2025 o, dicho de otra manera, 48.513 menos viviendo fuera del hogar familiar que un año antes.

Ahora, la edad estimada para poder independizarse en España ha escalado a los 30,2 años, lo que supera el umbral estadístico de la juventud. Por tramos, entre los 16 y los 24 años se han independizado el 4,5%, 216.959 personas. Mientras, entre los 25 y 29, lo han hecho el 33,1%, 853.159 jóvenes. En total, el número total de los que han viven fuera del hogar alcanza 1.070.119 de jóvenes.

El precio de la vivienda, el principal “obstáculo”

Como cabía de esperar, la razón sustancial que frena a los jóvenes a dejar atrás el hogar familiar y labrar su independencia radica en el estado actual del mercado de la vivienda y sus precios por las nubes, motivo que se sitúa como “el principal obstáculo”, según el estudio del Observatorio. El precio medio del alquiler de vivienda se sitúa actualmente en los 1.176 euros al mes, una cifra que equivale al 98,7% del salario medio de una persona joven. Es decir, imposible.

En lo que concierne al precio medio de la vivienda libre, éste llegó a los 223.000 euros, un 13,1% más que en 2025. Echando cálculos, tan sólo para afrontar la entrada a una vivienda, se estima que harían falta unos 66.900 euros, por lo que una persona joven de unos 20 años tendría que ahorrar su salario mensual –íntegro- durante cerca de cinco años.

Una realidad que, a juzgar por el CJE, desplaza “cada vez más” el acceso a la vivienda a los futuros propietarios partiendo del esfuerzo individual y de cara a la capacidad de una economía familiar, lo que viene consolidando en los últimos años “profundas desigualdades de origen entre quienes pueden emanciparse y quienes no”.

Debido a esta precariedad, el alquiler se presenta como la única vía de escape y de independencia de estas generaciones, aunque se vean obligados a compartir la vivienda con terceras personas. En este sentido, el 55% de los jóvenes emancipados vive de alquiler y aumenta el número de quienes comparten piso, el 33% del total. Mientras, ni tan siquiera el 20% -concretamente, el 19,7%- consigue vivir solo.

Precariedad laboral juvenil e indicios de pobreza

A esta cruda realidad se suma un factor determinante y aún más negativo: la precariedad laboral de los jóvenes. La temporalidad, los bajos salarios y las condiciones que no permiten proyectar un futuro a medio o largo plazo vienen marcando el paso del escenario laboral que enfrentan los veinteañeros. El 33% de los jóvenes empleados trabaja a tiempo parcial, especialmente mujeres; mientras, el 29,3% de los jóvenes en España estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social el pasado año.

El Observatorio señala a su vez que el nivel educativo y el empleo ya no dan garantías de emancipación o estabilidad para esta generación, pese a que el 31,4% cuenten con estudios superiores. La conocida como sobrecualificación afecta al 39% de la juventud empleada, pero el 15,1% tiene que vivir compatibilizando estudios y trabajando de manera simultánea.

“La vivienda ha dejado de funcionar como un elemento de estabilidad y autonomía para convertirse en uno de los principales factores de empobrecimiento juvenil”, advierte el CJE, al tiempo de que avisa de que, en los tiempos que corren, contar con un trabajo “ya no garantiza poder desarrollar un proyecto de vida independiente ni mantener unas condiciones materiales dignas porque la vivienda está engullendo toda posibilidad de prosperar y quebrando la relación clásica entre trabajo y proyecto de vida”.

La elaboración de este análisis, en aras de mostrar algo de luz al final del túnel, arroja que es necesaria una intervención pública “sostenida y estructural” en el mercado de la vivienda y que ésta misma problemática se sitúe como “una prioridad política”, fijando el objetivo en ampliar el parque público de vivienda, regular el mercado y garantizar que los recursos públicos de vivienda respondan a “necesidades reales” enfocadas a la juventud.

La presidenta del CJE, Andrea González, señala que el acceso a la vivienda ya es hoy en día “el principal eje de desigualdad” en las generaciones jóvenes, incluso para aquellos que logran emanciparse deben de hacer frente a “situaciones de pobreza y endeudamiento”: “Ya ni siquiera estamos hablando de que la vivienda dificulte la emancipación, sino que el problema está siendo tan grave hasta el punto de estar empobreciendo a toda una generación”, lamenta.

El Gobierno trabaja en el Plan Estatal de Vivienda

Desde las instituciones, existe un empeño por dar soluciones a esta realidad estructural; sin embargo, pese a los continuados anuncios, las promesas no llegan a materializarse, al menos en el corto plazo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró este jueves el “acuerdo histórico” alcanzado con todas las comunidades autónomas y agentes sociales para dar cabida al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Esta iniciativa fue motivo de discusión en la última Conferencia de Presidentes, que se celebró hace un año atrás, y que está dotada de 7.000 millones de euros –el triple que su antecesor- para “ampliar la oferta asequible y ayudar a la gente a tener un hogar”. El hecho de que todos los gobiernos autonómicos diesen luz verde al proyecto, fue motivo para celebrarlo como “una gran noticia” para el país. “Espero que después de ella vengan otras”, secundó en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

El 40% se destinará a vivienda protegida, el 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas. Además, introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente para evitar la especulación. El proyecto estatal contempla que el Gobierno central asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone un esfuerzo mayor que en los anteriores planes.

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