La revisión de la normativa europea sobre tabaco vuelve a situarse en el centro del debate comunitario. El ministro de Sanidad griego, Adonis Georgiadis, ha tomado posición en Bruselas en un momento especialmente sensible para la futura actualización de la Tobacco Products Directive (TPD), con un mensaje claro: las decisiones regulatorias deben apoyarse en la evidencia científica y no en planteamientos ideológicos.

Su intervención introduce de nuevo en la conversación europea una discusión que gana peso desde hace meses: cómo abordar la regulación de los nuevos productos con nicotina y hasta qué punto la UE debe diferenciar entre el cigarrillo convencional y las alternativas sin humo. De esa revisión dependerá buena parte del marco futuro para productos como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina.

Grecia pide una revisión de la TPD basada en ciencia

La posición defendida por Georgiadis pasa por rechazar un endurecimiento automático o uniforme de la regulación del tabaco y los productos con nicotina. Su planteamiento pone el acento en que Bruselas debe analizar el riesgo real de cada categoría antes de legislar, en lugar de aplicar un enfoque indistinto a productos con perfiles muy diferentes.

Los países europeos se encuentran divididos en cuanto a las políticas de salud pública. Algunos apuestan por reforzar las restricciones sobre todo el universo de productos con nicotina, mientras que otras voces reclaman una regulación más afinada, que tenga en cuenta las diferencias entre combustión y no combustión y que incorpore criterios de proporcionalidad.

La futura revisión de la TPD aparece así como uno de los principales focos de fricción en Bruselas. No solo por sus implicaciones sanitarias, sino también por su impacto sobre el mercado, sobre la actividad empresarial ligada a estos productos y sobre el diseño de las estrategias europeas contra el tabaquismo.

El debate sobre las alternativas sin humo gana peso en Bruselas

En ese contexto, el eje de la discusión está cada vez más ligado a las alternativas sin humo. El crecimiento de productos no combustibles ha obligado a abrir un debate regulatorio que ya no puede resolverse únicamente con las categorías tradicionales. La cuestión es si la Unión Europea optará por equiparar de forma general todos estos productos o si avanzará hacia un marco que distinga según el nivel de exposición al riesgo.

La postura de Grecia se sitúa precisamente en este segundo terreno. El mensaje es que la regulación no debería construirse desde una lógica exclusivamente restrictiva, sino también desde el análisis científico y la evaluación del impacto real de cada medida. En otras palabras, que la política comunitaria sobre tabaco no se limite a endurecer normas, sino que tenga en cuenta sus efectos sobre la salud pública, la innovación y la actividad económica.

Más que salud pública: también competitividad y carga regulatoria

Aunque el foco inmediato está puesto en la revisión de la TPD, el debate se enmarca además en una discusión más amplia dentro de la Unión Europea sobre el peso de la carga regulatoria en general. La inquietud no afecta solo al sector del tabaco, sino a distintas industrias que observan con preocupación la acumulación de nuevas obligaciones normativas en un momento de fuerte competencia global.

Ese marco enlaza con las advertencias del Informe Draghi, que ha situado la pérdida de competitividad europea en el centro de la agenda comunitaria. El documento insiste en que Europa necesita elevar la inversión, reforzar su capacidad industrial y reducir trabas que hoy actúan como freno para las empresas.

Desde esa perspectiva, la discusión sobre la TPD trasciende el terreno estrictamente sanitario. Lo que también está sobre la mesa es si Bruselas será capaz de equilibrar sus objetivos de salud pública con una regulación que no añada rigidez innecesaria ni erosione la posición europea frente a otros mercados.

Grecia también alerta sobre la directiva de aguas residuales

Más allá del tabaco, Georgiadis también ha advertido del impacto que puede tener el endurecimiento de la normativa europea sobre aguas residuales urbanas. En este caso, la preocupación se centra en los costes que la nueva regulación puede trasladar a la industria farmacéutica, al imponer nuevas obligaciones económicas vinculadas al tratamiento de micropoluentes.

Atenas ha pedido retrasar su aplicación al considerar que puede suponer una presión adicional para un sector estratégico. Con ello, el ministro griego refuerza una idea de fondo que atraviesa hoy varios debates en Bruselas: la necesidad de medir con más cuidado el efecto acumulado de nuevas normas sobre la inversión, la producción y la capacidad industrial europea.