El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha lanzado una advertencia clara a Bruselas: una subida brusca o excesiva de los impuestos especiales sobre el tabaco puede acabar impulsando el mercado ilegal en la Unión Europea. El órgano consultivo considera que una presión fiscal desproporcionada podría generar efectos no deseados y socavar los propios objetivos sanitarios que persigue la reforma, además de reducir la recaudación.
Este dictámen se produce en pleno trámite legislativo de la propuesta presentada por la Comisión Europea para revisar la Directiva sobre fiscalidad del tabaco. La propuesta se formalizó el pasado 16 de julio, con dos iniciativas legislativas -la Directiva de Productos del Tabaco (TPD) y la Directiva sobre Impuestos Especiales (TED)- con el objetivo de reforzar la protección de la salud pública y avanzar en la armonización fiscal del mercado interior. El procedimiento se encuentra ahora en plena fase de consultas, un proceso que previsiblemente se prolongará durante meses antes de que la adopción de una decisión definitiva.
Subidas fiscales y riesgo de distorsiones
La reforma impulsada por Bruselas busca actualizar los mínimos impositivos armonizados, reducir las diferencias fiscales entre países y ampliar el alcance de la directiva a los nuevos productos con nicotina, como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina. El objetivo declarado es reforzar la coherencia del mercado interior y contribuir a la reducción del tabaquismo en la UE.
Sin embargo, el CESE introduce un elemento de cautela: si la presión fiscal aumenta de forma abrupta, pueden ampliarse las brechas de precios entre Estados miembros, incentivando las compras transfronterizas y el mercado negro. Cuando la diferencia entre el precio legal y el ilícito se dispara, el atractivo económico del fraude crece.
Impacto en la salud pública y la recaudación
El organismo recuerda que el comercio ilícito no solo erosiona los ingresos públicos, sino que debilita los mecanismos de trazabilidad y control sanitario. Los productos que circulan fuera del circuito legal escapan a las exigencias normativas europeas y a los estándares de calidad, lo que puede aumentar los riesgos para el consumidor.
El CESE respalda los objetivos de salud pública de la Unión, pero insiste en que la política fiscal debe diseñarse con equilibrio. Incrementos desproporcionados, advierte, pueden terminar socavando los propios fines sanitarios que se persiguen si desplazan parte del consumo hacia canales no regulados.En este sentido aconseja que cualquier ajuste debe hacerse de forma gradual y acompañado de medidas de control.
Un dictamen consultivo con peso político
Aunque su dictamen no tiene carácter vinculante, el CESE —que representa a empresarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil— actúa como termómetro de las sensibilidades económicas y sociales en la UE. Su posicionamiento añade presión en un debate en el que confluyen objetivos sanitarios, recaudatorios y de lucha contra el fraude.
La reforma de la fiscalidad del tabaco sigue su curso en Bruselas. El equilibrio entre endurecer los impuestos y evitar un auge del mercado ilegal será, previsiblemente, uno de los puntos clave de la negociación en los próximos meses.
