La detección de niveles elevados de bacterias en una muestra recogida por la Dirección General de Salud Pública el pasado 22 de junio en Playa Jardín ha vuelto a evidenciar las deficiencias del sistema de saneamiento de Puerto de la Cruz. Los resultados, correspondientes al punto PM5 de la zona de El Charcón, ponen de manifiesto el mal funcionamiento de la red municipal de alcantarillado y de la depuradora encargadas de recoger y tratar las aguas residuales de la zona, ambas operadas por Aqualia.
La compañía presta el servicio municipal de abastecimiento y saneamiento en Puerto de la Cruz y gestiona la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Valle de La Orotava, situada en Punta Brava y de titularidad del Cabildo de Tenerife. Aqualia también opera instalaciones como las estaciones de bombeo de aguas residuales, los colectores y otros elementos de la red.
Las muestras posteriores tomadas por Salud Pública presentaron valores favorables, al igual que los análisis encargados a un laboratorio independiente. Tamara Raya, secretaria general del PSOE de Tenerife, ha cuestionado esta rápida mejoría y ha señalado que su formación sospecha que podría deberse a un “uso abusivo de hipoclorito”. A estas críticas se ha sumado Nueva Canarias, que ha pedido explicaciones por el presunto uso de derivados del cloro para tratar las aguas afectadas por los vertidos. La formación recoge la denuncia de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales sobre el posible empleo de compuestos organoclorados, como trihalometanos y otros subproductos de la cloración, y advierte de sus posibles riesgos para la salud pública y el medio ambiente si se confirmara su utilización.
El PSOE también ha reclamado aclaraciones sobre por qué la playa no fue cerrada durante el episodio registrado entre el 22 y el 24 de junio y sobre el estado de las obras comprometidas para reparar el emisario, la depuradora y el sistema de tratamiento terciario.
Antecedentes en Playa Jardín
Este episodio de contaminación presenta paralelismos con la situación vivida en 2024. El deterioro de la calidad del agua venía detectándose desde 2016 y distintos informes técnicos ya advertían en 2022 de vertidos continuados de aguas residuales relacionados con la saturación de la depuradora de Punta Brava y las deficiencias de la red de saneamiento.
El 21 de junio de 2024, los análisis de la Dirección General de Salud Pública detectaron una elevada concentración de bacterias asociadas a aguas fecales. Días después, el 3 de julio, se decretó la prohibición indefinida del baño en las tres calas de Playa Jardín debido al riesgo para la salud pública.
El 9 de julio se confirmó una rotura grave en el emisario submarino que provocaba vertidos de aguas residuales cerca de la costa. Las investigaciones desarrolladas entre agosto de 2024 y enero de 2025 por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife concluyeron que la contaminación respondía a problemas estructurales del sistema de saneamiento. Entre las deficiencias identificadas figuraban la saturación de la depuradora de Punta Brava, la fisura del emisario, las conexiones obsoletas, la existencia de pozos negros en el barrio y el funcionamiento deficiente de varios aliviaderos del litoral.
Peticiones para revisar los protocolos
Durante el pleno municipal celebrado el lunes 27 de julio, el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, confirmó que la notificación había llegado al Consistorio y que su contenido fue conocido el 24 de junio. Playa Jardín permaneció abierta durante ese periodo, coincidiendo con las celebraciones de la Noche de San Juan.
El Gobierno municipal ha explicado que la comunicación recibida no incluía una orden expresa ni una recomendación oficial para cerrar la playa. También ha señalado que el 24 de junio remitió a Salud Pública los resultados de sus propios controles y mantiene que la calidad actual del agua de Playa Jardín es “excelente”. La zona de baño permanece abierta y sometida a controles periódicos.
El PSOE de Puerto de la Cruz ha solicitado explicaciones sobre la recepción y la gestión del aviso sanitario. Su portavoz, Marco González, ha pedido que se determine quién recibió la comunicación, cuándo se tuvo conocimiento de su contenido y qué actuaciones se realizaron posteriormente.
Por su parte, la Plataforma Stop Vertidos al Mar considera necesario revisar los protocolos de comunicación y coordinación para garantizar que futuros episodios activen de manera inmediata las medidas previstas. El colectivo ha reclamado información sobre el tratamiento terciario de la depuradora, los pozos filtrantes auxiliares, la ampliación de la EDAR, la sustitución del emisario submarino y la situación de las estaciones de bombeo de El Caletón, Playa Chica y Playa Jardín.
La plataforma también ha pedido conocer el estado del proyecto de renovación del alcantarillado de Punta Brava, una actuación para la que el Cabildo de Tenerife concedió una subvención cercana al millón de euros en septiembre de 2024.
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