Esta semana, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha concedido un plazo de diez días hábiles al Ministerio del Interior para que detalle cuántos policías nacionales residen en viviendas oficiales y qué carga supone esto para el erario público.
Se trata de inmuebles de cuyo uso, mantenimiento y servicios (agua, luz, gas, etc) disfrutan algunos funcionarios de la Escala Superior, cuya concesión, heredada de tiempos no democráticos, no está regulada en ningún tipo de norma de la Dirección General de la Policía o disposición ministerial.
En algunos casos se les atribuye a funcionarios “más por actuaciones al servicio de los políticos de turno, que por sus méritos profesionales”, denuncia a ELPLURAL.COM Luis Miguel Lorente, Coordinador General de la Agrupación Reformista de Policías (ARP), quien pone como ejemplo el caso del comisario Andrés Gómez Gordo, exjefe de Seguridad de la ex presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, investigado en el Caso Kitchen por el espionaje a Bárcenas e imputado por las presuntas irregularidades que rodearon la proyección de la Ciudad de la Justicia en la Comunidad de Madrid, en la firma de tres contratos relacionados con la seguridad del recinto cuando era su director de Seguridad.
“Su primer destino como comisario en 2019 fue en la Brigada provincial de Seguridad Ciudadana de Alicante y a su llegada pudo disfrutar de la vivienda que está en la parte superior de la comisaría de distrito centro, antiguamente comisaría provincial”, recuerda Lorente, quien llama la atención también sobre las dificultades que entonces tenían muchos compañeros para encontrar casa en una ciudad marcada por el alquiler turístico. Por eso “ya en su día lo denunciamos”.
Y es que, aunque ahora se ha vuelto a poner el foco en este asunto, este sindicato ya dirigió un escrito en octubre de 2020, solicitando al ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska la abolición de este tipo de concesiones que “chocan con los derechos e igualdades del resto de funcionarios dependientes de la Administración General del Estado”.
En ese mismo texto, ARP proponía transformar estas viviendas en dependencias de uso común para el resto de funcionarios, lugares de descanso durante la jornada laboral, vestuarios, dado el hacinamiento de taquillas que hay en muchas instalaciones o guarderías para hijos de policías, con el fin de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.
Estos centros de educación infantil, precisaban, deberían ser atendidos por personal docente contratados por el Ministerio del Interior, con cargo al Programa de Acción Social de la Dirección General de la Policía, y una cuantía simbólica, por parte de los funcionarios.
Y con el dinero que se ahorraría, además, se podría incrementar el presupuesto para material de antibalas-anticortes, pistolas eléctricas taser, etc).
Una policía del S. XXI
El de las viviendas es solo uno de los muchos aspectos sobre los que la Agrupación Reformista de Policías ha llamado la atención desde su creación a finales de 2016. Este sindicato lucha por dejar atrás algunas de las prácticas de épocas preconstitucionales que todavía perduran en el cuerpo, “los vicios del pasado”, y por consolidar la policía del futuro.
El camino no está siendo nada fácil y es que su denuncia sobre algunos de los privilegios y abusos de altos cargos le ha supuesto a su coordinador, Luis Miguel Lorente, la apertura de varios procedimientos disciplinarios que, finalmente se han resuelto de forma favorable para este policía que cuenta con varias condecoraciones y es integrante de la Orden al Mérito Policial y que llegó a ser intimidado con un revólver por un inspector.
“La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del año 1986 estuvo bien para su tiempo, pero ahora hay varios aspectos de la misma que es necesario cambiar y adaptar a las nuevas sensibilidades de la ciudadanía”, subraya Lorente.
“Nuestro modelo de seguridad pública apuesta por la creación de una Comisión Parlamentaria para el estudio, elaboración y aprobación de una Ley de Seguridad Estatal basada en los principios de defensa de los derechos y las libertades de los españoles, así como la defensa de los derechos humanos de todos los residentes en territorio nacional bajo el concepto de actuación de un cuerpo civil, es decir, no sujetos a otras intenciones”, recalca.
Los sucesos de las últimas semanas que han tenido como protagonista a la Policía no son, a su juicio, casualidad, sino un síntoma más de la situación actual y de la necesidad de cambio.