El Consejo de Ministros de este martes dará luz verde a la regularización de alrededor de 25.000 personas inmigrantes en situación irregular residentes en los municipios afectados por la DANA con el objetivo de que puedan acceder a todas las ayudas.

La decisión se engloba en el paquete de medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ido aplicando en el contexto de la reconstrucción de los municipios afectados y de sus habitantes. En este sentido, además de la regularización, también se facilitarán las prórrogas y la concesión de permisos de residencia para aquellas personas que viven o trabajan en zonas afectadas por el temporal. 

Tras varios anuncios e intentos por parte del Ministerio de Migraciones, finalmente será este martes cuando este colectivo figure entre los beneficiarios de las ayudas. Con las constantes solicitudes de entidades sociales y sindicatos, el visto bueno de la Abogacía del Estado y la visita de Sánchez a Valencia el 23 de enero, los extranjeros empadronados o con cita para hacerlo en alguno de los municipios afectados verán regularizada su situación “por circunstancias excepcionales sobrevenidas” durante el plazo de un año.

Además de ellos, también podrán acceder a las ayudas los cónyuges, los hijos menores de edad del solicitante o de su pareja o hijos adultos con alguna discapacidad que limite su autonomía. Al margen de esto último, aquellos extranjeros familiares de víctimas mortales verán prolongada la autorización de residencia hasta los cinco años.

Por su parte, en lo referente a las prórrogas y renovaciones de residencia beneficiará especialmente a los titulares de autorizaciones de larga duración cuya vigencia expire en el plazo comprendido entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025. Entre aquellos que reciban las ayudas, están las personas que han perdido el empleo porque la empresa quedó devastada a consecuencia de la DANA y, pendientes de renovar la autorización de residencia, ahora enfrentan un doble problema al no tener trabajo y por tanto no cumplir ya con los requisitos, o también aquellas personas que consiguieron autorización gracias al alta en la Seguridad Social de un empleo que nunca se llegó a ejercer por culpa del temporal. Estas ayudas se tramitarán con carácter preferente y solo se denegará en caso de orden público, seguridad o salud pública.

Entidades sociales estiman en 40.000 las personas en situación irregular

El anuncio se produce después de una extensa lista de peticiones por parte de ONGs y entidades sociales que desde el primer momento pusieron el foco en las personas inmigrantes afectadas por la DANA y en situación irregular. 

Hace escasos días, un total de 19 entidades con trabajo en la Comunidad Valenciana solicitaban al Gobierno, a la Generalitat Valenciana y a la Defensoría del Pueblo que las ayudas incluyeran también a las personas migrantes. Según señalaban, las ayudas -tanto estatales como autonómicas- exigen disponer de DNI o NIE que “excluyen a las aproximadamente 40.000 vecinas y vecinos de las zonas afectadas que se encuentran en situación administrativa irregular, uno de los colectivos con mayor desprotección social”.

En una carta remitida a la Secretaría de Estado de Migraciones, Secretaría de Estado de Trabajo, Presidencia de la Generalitat Valenciana y Defensoría del Pueblo, las entidades denunciaban que cuando acaban de cumplirse 100 días desde la DANA, “sigue sin atenderse a uno de los colectivos que se encuentra en situación de mayor desprotección, las personas en situación administrativa irregular”. “Son personas que trabajan o trabajaban en la economía informal, y no pueden, por ello, presentar un contrato de trabajo para justificar su empleo o su despido a consecuencia de las inundaciones; no tienen un contrato de titularidad de la vivienda en la que vivían o haya quedado dañada; no tienen un documento de la titularidad del coche que puedan haber perdido o haya resultado dañado; o ni siquiera disponían de una cuenta bancaria en la que percibir los ingresos que puedan haber perdido”, detallan.