Los padres y la hermana de Guillem Agulló, el joven antifascista asesinado en Montanejos, han dado una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid para explicar su iniciativa encaminada a conseguir que a Guillem se le reconozca como víctima del terrorismo, en este caso fascista. Su padre ha sido muy claro: “Tenemos que continuar luchando por la democracia y por la vida. Los fascistas se han puesto la corbata. Lo más grande es que Guillem se haya convertido en un referente antifascista”.
La madre y la hermana ha leído una carta que le han enviado tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (carta íntegra aquí al final del texto). Una misiva y una misión que apoyan con más de 250 firmas de víctimas del terrorismo, activistas, políticos, periodistas y gente del mundo de la cultura. Y han recordado que en Valencia se canta: "Guillem Agulló, ni oblit ni perdó", pero que a ellos nadie les ha pedido nunca perdón por el asesinato de su hijo y hermano.
Al acabar de leer la carta, su padre ha sido muy claro: “Para honrar la memoria de Guillem hay que acabar con la extrema derecha y el fascismo. Los fascistas se han puesto la corbata. Lo más grande es que se haya convertido en un referente”.
Preguntados por el hecho de que la televisión pública valenciana Apunt fuera a emitir la película sobre el asesinato del joven y, de repente, la retirara de la parrilla, la madre de Guillen ha dicho: “Fue una sorpresa que la hicieran, creíamos que era una cuestión de pacificación y reconciliación. Creemos que la quitaron porque íbamos a hacer la rueda de prensa, pero lo han hecho tan mal que nos han hecho mucha propaganda. En el País Valencià hay mucho neonazi”.
“El nivel de incompetencia de Àpunt es que cuando estaban emitiendo una comedia, en la información de la tele seguía apareciendo La mort de Guillem. Hasta ese nivel llegaron las ganas de insultarnos de la televisión valenciana”, ha apostillado sobre el tema.
LA CARTA:
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de España D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
Excmo. Sr. Ministro del Interior D. Fernando Grande-Marlaska Gómez,
Nos dirigimos a ustedes bajo una condición que nunca hubiésemos deseado: la de ser padres y hermanas de un joven de 18 años que fue asesinado por el terrorismo de extrema derecha hace ahora 33 años.
Guillem Agulló i Salvador era un joven con toda una vida por delante, querido por todos, que enamoraba allá por donde iba. Había dedicado gran parte de su vida a la natación, estuvo incluso preseleccionado para las Olimpiadas del 1992. Se rodeó siempre de muchos amigos y era un defensor convencido de los valores de la justicia y la igualdad, que había aprendido en casa y de los que hacía bandera. Eso le llevó a convertirse ya desde la adolescencia en un reconocido activista antifascista en la València de los años noventa y empezó a militar en grupos como Maulets y SHARP (‘Skinheads Against Racial Prejudice’). Le indignaba el odio y la discriminación que sufrían las personas migrantes. Prueba de su compromiso antirracista fue su participación, junto a su padre, en la manifestación en repulsa al asesinato racista de la dominicana Lucrecia Pérez a manos de neonazis, justo cinco meses antes de que ese mismo odio acabase también con la vida de nuestro hijo.
La madrugada del 11 de abril de 1993, Guillem estaba con sus amigos disfrutando de las vacaciones de Pascua en la plaza de Montanejos, en Castellón, cuando cinco individuos pertenecientes a un grupo neonazi denominado ‘Marchalenes IV Reich’ fueron a buscarlo: lo increparon, lo acorralaron en un callejón y, tras aislar a los amigos de Guillem, lo agredieron y le asestaron una puñalada en el corazón. Una vez lo dejaron desangrándose en el suelo, se marcharon eufóricos cantando el Cara al Sol y haciendo el saludo fascista. Desde aquel momento empezó una pesadilla que aún hoy sigue marcando nuestra vida.
Aquella misma noche la Guardia Civil retuvo durante catorce horas sentados en una silla a los amigos de Guillem, menores de edad, sin derecho a realizar llamadas y sin poder tomar siquiera un vaso de agua. Mientras, se permitió que los asesinos durmieran en sus tiendas de campaña y al día siguiente se marcharan tranquilamente a sus casas, sin ningún impedimento. Desde las siete de la madrugada hasta las tres de la tarde, los agentes sometieron a un interrogatorio a los amigos de Guillem, sin ser conocedores que su amigo había llegado muerto al hospital; y tras esto, fueron subidos a un autobús de línea y enviados a València.
Ningún cuerpo policial detuvo nunca a los asesinos; fueron ellos mismos quienes se presentaron dos días después en diferentes comisarías convenientementeasesorados para confesar su participación en el crimen. Pedro José Cuevas Silvestre, de 22 años, admitió ser el autor material del apuñalamiento.
Se inició, entonces, el proceso judicial con la impecable instrucción de la jueza de Segorbe que siempre mantuvo, junto a la Fiscalía, que los hechos eran constitutivos de un delito de asesinato, además de acreditar el móvil ideológico del crimen. Pidió 28 años de cárcel para cada uno de los cinco acusados. Las pruebas practicadas durante las diligencias no dejaban lugar a dudas y los familiares dimos confianza a la Justicia. Pero pronto empezó una cacería sin cuartel con el objetivo de atemorizar y de vencer a la verdad. Para ello se sirvieron de medios de comunicación como el periódico Las Provincias, que ejerció como altavoz oficial de las defensas de los asesinos, publicando noticias falsas que buscaban proporcionar argumentos al relato exculpatorio de los acusados. El modus operandi les sonará: a través de las páginas del diario, el más vendido de la época en València, se intentó confundir a la opinión pública para que los valencianos creyeran que la víctima ⏤la única víctima de esta historia⏤ en realidad era el culpable.
Ese bombardeo mediático generó un dolor inmenso a nuestra familia, que se agravó al comprobar que, contra todo pronóstico, la intoxicación informativa consiguió darle la vuelta al juicio. Se celebró en Castellón en octubre de 1995 y fue uno de los episodios más vergonzosos de la historia judicial en España. Con la aparición ‘sorpresa’ de un testigo protegido de dudosa veracidad que declaró a favor de los acusados y con la ignominiosa escena que permitió el tribunal, a pesar de la protesta de las acusaciones, cuando se obligó a una de las amigas de Guillem, presentes en el asesinato, a cantar el Cara al Sol, para “comprobar” si ese era el himno que cantaba el grupo de Marxalenes tras la agresión. La sentencia calificó el asesinato de nuestro hijo de “pelea juvenil” y absolvió a cuatro de los cinco acusados; tan solo condenó por homicidio al autor confeso del navajazo a catorce años de prisión, aunque solo cumplió cuatro, por buen comportamiento. La Audiencia de Castellón no quiso reconocer el móvil político del asesinato contra el criterio de la jueza instructora y del Ministerio Fiscal.
Pero el calvario no acabó ahí. Desde el minuto uno, la extrema derecha valenciana reivindicó como un trofeo el asesinato de nuestro hijo y lo utilizó para amedrentar a la familia, a los amigos y al activismo de izquierdas valenciano. Pancartas de ‘Guillem jódete’ en estadios de fútbol y pintadas en los alrededores de nuestra casa, esvásticas y todo tipo de símbolos de la muerte, llamadas telefónicas a todas las horas del día y de la noche, nos recordaban que seguían controlandonos y que no iban a cesar. Aquel acoso que sufrimos durante años se convirtió en algo casi cotidiano, normalizado en nuestra vida. Las amenazas llegaron a desestabilizarnos incluso económicamente. Nos dejaron en la ruina: el único sustento de la familia era el taller que tenía nuestro padre y su proveedor dejó de darle trabajo. Todo este sufrimiento discurrió en soledad ante la indiferencia de buena parte de la sociedad valenciana y con un palmario abandono institucional.El periplo en la extrema derecha del asesino de nuestro hijo, Pedro Cuevas, no acabó con su salida de la cárcel. En 2007 se presentó en las listas del partido ultra Alianza Nacional a la alcaldía de Chiva, en València. Años después, estuvo acusado en la llamada Operación Panzer como miembro de una célula terrorista, el Frente Antisistema (FAS), que poseía un arsenal de armas, escopetas, pistolas y hasta un lanzagranadas. Durante el proceso quedó acreditado que el asesino de Guillem fabricó puños americanos tipo Panzer que dieron nombre a la operación policial. Todos los integrantes fueron absueltos por la Audiencia de Valencia tras la anulación de unas escuchas telefónicas como prueba y la justicia ordenó que se les devolvieran las armas, pero se habían destruido “por error” y además de todo esto, el Estado tuvo que indemnizarlos.
A pesar de que la Administración de Justicia nos dio la espalda, las instituciones valencianas reconocieron siempre que el asesinato de Guillem había sido un crimen fascista. El parlamento autonómico aprobó el 21 de abril de 1993, por unanimidad de todos los grupos políticos, una declaración institucional en la que ratificaba que Guillem Agulló Salvador, había sido asesinado “por combatir el racismo y la violencia fascista” y que su muerte era “una muestra más de la barbarie que el pueblo valenciano siempre ha combatido” y hacía un “llamamiento para seguir testimoniando su deseo de paz, concordia, libertad y solidaridad frente a la barbarie y a la intolerancia”. En 2016, les Corts Valencianes en pleno refrendaron este reconocimiento y acordaron otorgar unos premios con el nombre de Guillem Agulló a colectivos que luchan contra la xenofobia y el racismo. PP y Vox en 2024 decidieron suprimirlos.
Los familiares de Guillem consideramos que, gracias a los amigos y a los colectivos que siempre estuvieron a nuestro lado, ya se consiguió la victoria social. Son muchos los premios, canciones, nombre de calles, plazas, libros, películas… que llevan el nombre de Guillem y que cuentan su historia. La calle impartió la justicia que no nos dieron los tribunales. Y ahora solo queda por resolver una cuenta pendiente: que el Estado reconozca que falló.
Por eso, solicitamos en abril de este año al Ministerio del Interior que reconociese a nuestro hijo como víctima del terrorismo, del mismo modo que han sido reconocidas otras víctimas de la extrema derecha, en circunstancias similiares (o incluso menos acreditadas) como Vicente Cuervo, Arturo Manuel Pajuelo o los abogados laboralistas de Atocha. Por ahora, el ministerio tan solo ha pedido dos informes para valorar si el caso de Guillem reúne las características para recibir ese reconocimiento: a la Guardia Civil y a la Audiencia de Castellón. El primero de ellos ya se ha pronunciado y nos niega el derecho a la distinción.
El Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil sostiene que “del análisis de las circunstancias en las se produjeron los hechos, se concluye que los mismos carecerían de la naturaleza de atentado terrorista”.A los familiares nos preocupa que la decisión sobre el reconocimiento quede en manos de quienes actuaron con falta de diligencia, no fueron capaces de ver el trasfondo ultraderechista que motivó el asesinato de nuestro hijo y además contribuyeron a la impunidad de los asesinos. Por todo ello, exigimos que se incorporen informes periciales independientes que analicen el caso con imparcialidad y con rigor.
Hoy existen datos suficientes para considerar el reconocimiento. Recientemente, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha incorporado el caso de Guillem en el Mapa del Terror de todas las víctimas del terrorismo en España considerándolo una más, aun teniendo una sentencia que no califica los hechos de terrorismo. Son varias las víctimas reconocidas a las que la justicia nunca consideró como tales. La verdad judicial, en ocasiones, no coincide ni con la verdad ni mucho menos con la justicia. Lo seguimos viendo aún a día de hoy en casos flagrantes, por errores y negligencias, que niegan el derecho a la justicia de las víctimas y que ponen en jaque la confianza y la credibilidad en nuestro sistema democrático.
Denunciamos el modelo de impunidad en el que crece y se extiende la extrema derecha en España, que ha permitido, cuando no facilitado, que se sigan perpetrando acciones delictivas sin que, salvo excepciones, existan consecuencias penales. El Estado tiene un perfil garante de derechos que el Gobierno debe cumplir. Y ya que el poder judicial no estuvo a la altura, rogamos al ejecutivo que asuma su responsabilidad, repare el daño y honre la memoria de quienes fueron injustamente tratados. La restitución a nuestro hijo Guillem, además, supone lanzar un mensaje claro y contundente de la democracia española frente a quienes pretenden destruirla.
Asistimos de nuevo, con dolor, a la normalización de la violencia y los discursos de odio de la extrema derecha. Un contexto global que se dirige de forma imparable al recorte de derechos y libertades y que está sembrando la semilla de la intolerancia en nuestras sociedades con el único objetivo de aniquilar al diferente. Nuestra familia sufrió en carne propia el resultado amargo y palpable del fascismo; y queremos alertar a la sociedad española del peligro de una involución democrática que la ultraderecha pretende instalar. Por este motivo es necesario reivindicar y dar a conocer historias como la de Guillem: son el recordatorio de que el peligro fascista nunca ha desaparecido, que mata y que sigue amenazando a la convivencia. Por eso pedimos al Gobierno que contribuya a honrar la memoria de nuestro hijo y hermano y que lo reconozca como víctima del terrorismo. Antes de que sea demasiado tarde.
Carme Salvador Roig, Guillem Agulló Lázaro, Betlem Agulló Salvador y Carmina Agulló Salvador.
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