El abogado que representa al Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) en el juicio a la primera época de la trama Gürtel ha remitido un escrito al tribunal pidiendo que el presidente del Gobierno acuda a declarar como testigo presencialmente y no por vídeo conferencia, como había pedido el Partido Popular.
Esta acusación popular tampoco acepta trasladar “la jurisdicción del Tribunal al despacho oficial” de Mariano Rajoy, como había propuesto la Asociación de Abogados de Europa (ADADE), acusación popular que había pedido la comparecencia del presidente.
Si puede ir al casino también al tribunal
El PP, en su petición al tribunal, justificó utilizar la vídeo conferencia amparándose en el artículo 731 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que estipula que se podrán realizar declaraciones a través de vídeo por “razones de utilidad, seguridad o de orden público” y cuando la comparecencia del testigo “resulte gravosa o perjudicial”, caso que aseguraban es el presente debido al “cargo público que ostenta el Presidente del Gobierno”.
Para rebatir este argumento, el representante del PSPV añade en su escrito, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, pantallazos de la agenda de Mariano Rajoy según la página web de Moncloa. En ellas “puede comprobarse como, entre su agenda institucional, aparecen actos donde el presidente se traslada al Hotel EuroBuilding, a la Real Casa de o al Casino de Madrid”.
Sin pelos en la legua, el letrado escribe que, “si entre sus actos institucionales algunos implican un traslado del despacho oficial a sedes mercantiles para participar en jornadas, en asambleas o en entregas de premios, con mayor razón puede y debe desplazarse a la Sede del Tribunal”, lugar que, además, “desde el punto de vista de la seguridad, cuenta con mayores garantías que las que pueden ofrecer otros lugares a los que asiste el presidente (hoteles, Casino de Madrid, etc.)”
Como un ciudadano más
Además de rebatir los argumentos del PP, el letrado de la acusación popular también recuerda al tribunal que Rajoy ha sido llamado a declarar como testigo “no por su calidad institucional (…) sino como un ciudadano más toda vez que su declaración versa sobre hechos ocurridos cuando no tenía ningún poder institucional”.
