Este lunes, agentes del Seprona de la Guardia Civil de Castellón, en colaboración con la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de Castellón, han puesto en marcha una investigación a dos individuos por la presunta emisión de certificados falsos de control de plagas en diversos establecimientos de la Comunitat Valenciana. Estos certificados son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria en locales donde se manipulan alimentos, como bares, restaurantes y supermercados.

El Seprona fue alertado sobre varias irregularidades en la emisión de estos documentos, que deben certificar la desinsectación, desratización y desinfección. Estos certificados, que deben seguir un modelo oficial y cumplir con las formalidades exigidas por la Consellería de Sanidad, son emitidos por empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB).

Suplantación de Identidad y Riesgos para la Salud Pública

La investigación reveló que los acusados utilizaban el nombre de una empresa inexistente, no registrada en el ROESB, para emitir los certificados y realizar aplicaciones de biocidas. Además, se descubrió que la facturación de estos servicios se hacía de manera irregular para evitar la detección por parte de la hacienda pública.

Agravando la situación, los certificados emitidos suplantaban la identidad de personas con la capacidad legal requerida para supervisar y dirigir estos tratamientos. En algunos casos, se usaron los nombres de profesionales de otras empresas, incluyendo a uno que había fallecido hacía años. Esta falta de supervisión adecuada llevó a una aplicación irregular de los tratamientos y a la omisión de una evaluación de riesgos previa, poniendo en grave peligro la salud pública.

Los servicios fraudulentos se ofrecían a precios inferiores al mercado, lo que generaba una alta demanda en toda la Comunitat Valenciana. Ahora, los afectados se han sumado a la denuncia, colaborando con la Guardia Civil en la investigación de estos hechos, que sigue en curso para determinar el alcance total del fraude y el número de empresas perjudicadas.