Desde hace más de 40 años, en la Policía Nacional se conceden cruces al Mérito Policial con distintivo rojo. Se trata de unas condecoraciones que llevan aparejada una pensión vitalicia proporcional en un diez por ciento al sueldo del empleo que disfrute el agraciado en el momento de la concesión y el importe va con cargo al crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado.

Según recoge la Ley 5/1964 y la resolución de 11 de mayo de 2012 de la DGP, entre los requisitos que se han de cumplir para percibirlas está el “haber resultado herido en acto de servicio o con ocasión de él, no haber participado en tres o más servicios en los que medie agresión de armas,  haber realizado en circunstancias de peligro un hecho abnegado o que manifieste alto valor o tener una conducta en la que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas (…) haya quedado patente un riesgo o peligro personal”.

Sin embargo, según denuncia la Agrupación Reformista de Policías (ARP) estas condecoraciones llevan años concediéndose a funcionarios que presumiblemente no cumplen ninguna de estas condiciones.

“Se ha convertido casi en una costumbre dárselas a determinados mandos, sobre todo a comisarios que van a jubilarse”, denuncia el coordinador general de este sindicato, Luis Miguel Lorente. “Es casi una especie de pensión encubierta”, afirma a ELPLURAL.COM.

A juicio de ARP estas prácticas pueden ser constitutivas de delito, y por ello han llevado el asunto esta misma semana a los Juzgados de Madrid. Con anterioridad, los sindicatos representativos amenazaron con ir por la vía penal, pero, “no llegaron a hacerlo nunca”, lamenta Lorente, que llama la atención sobre la “pasividad” que en relación a este asunto han demostrado tanto los sindicatos como los funcionarios y los cargos directivos del Cuerpo de Policía Nacional.

El objetivo de la agrupación de prosperar su denuncia, es que se revisen las medallas que se han otorgado.  

La Ley que permite estas concesiones data del año 1964, “cuando la Institución Policial era una organización que se regía por métodos nada democráticos”, recuerda. Sin embargo, ARP no está en contra de estos distintivos sino de cómo se están concediendo.  

La agrupación lleva dos años intentando que desde la Dirección General de la Policía se les facilite la propuesta en la que se basan para conceder esta condecoración a determinados comisarios, pero no han logrado nada al respecto. “La opacidad sigue siendo la consigna”, lamentan, lo que “nos hace entender que si accediésemos a ella se podría comprobar que muchos de los condecorados no reúnen los requisitos legales necesarios”. “En la actualidad es muy raro que haya un comisario que se vaya a jubilar que no tenga la roja”, destaca el coordinador general de ARP.

Por el contrario, “policías que ponen en peligro su vida no acceden a este tipo de reconocimiento”, subraya.   

Como ejemplo de esta injusticia, que constituye “un fraude al colectivo policial y al erario público”, los integrantes de la ARP recuerdan el caso del Comisario Provincial de Alicante, Alfonso Cid Alguacil, cuya gestión ha sido cuestionada en infinidad de ocasiones y que ha recibido la medalla este mismo año. 

Podemos Alicante, de hecho, ha solicitado a la subdelegación del Gobierno el inicio de una investigación sobre esta concesión.