La Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria (AEAT) han recibido una denuncia contra el rey emérito y las infantas Elena y Cristina por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales. La Asemblea Republicana de Vigo, entidad responsable de las denuncias, valora que la constitución en Abu Dabi de una fundación multimillonaria para asegurar la herencia de las hijas del rey emérito, por parte del mismo, demuestra que dicho capital ha sido escondido a la hacienda española, incluso tras haberlos regularizado fiscalmente. La fortuna del emérito, de acuerdo con Forbes, supera los 2.000 millones de euros.
La denuncia ha sido presentada este viernes en los juzgados de Vigo, y señala que Juan Carlos I hizo una regularización fiscal en diciembre de 2020 y otra dos meses después, sumando entre ambas más de cinco millones de euros. Para este proceso, según los denunciantes, tuvo que pedir prestado dinero a amigos, convenciendo a la Agencia Tributaria de que no tenía dinero. "Sin embargo, ni por el concepto ni por su cuantía quedó regularizado su patrimonio oculto en el extranjero”, argumentan los denunciantes. En el escrito de la denuncia se recopilan diferentes informaciones periodísticas, y en algunas de ellas se asegura que ninguna de las infantas recibe asignación económica de los Presupuestos Generales del Estado desde que salieron de la Casa Real hace ya diez años. Oficialmente, se asegura que "Elena trabaja en la Fundación Mapfre y percibe un salario de unos 300.000 euros anuales", mientras que Cristina mientras "ingresa unos 400.000 euros de la Fundación Aga Khan, con sede en Ginebra". "Sin embargo, tienen más ingresos, ya que ambas se han nutrido tradicionalmente de los fondos sin declarar que su progenitor guardaba en el extranjero y que periódicamente le entregaban sus asesores en efectivo en el Palacio de la Zarzuela", añaden desde la Asemblea Republicana.
La citada fundación con sede suiza está presidida por el rey emérito, y tiene a sus hijas en el patronato. En cierto modo, actúa como un vehículo sucesorio para su dinero en el que no ha participado el rey felipe VI, y cuyos trámites fueron ejecutados en un segundo plano para no levantar sospechas. "Ahora, sabiéndose impune, ofende a la ciudadanía española aflorando su patrimonio oculto, incluso sin tener la delicadeza de esperar a la prescripción del derecho a comprobar los períodos y tributos regularizados", denuncian.
"Origen ilícito y opaco"
A su vez, la entidad denunciante valora que "la pertenencia al Patronato de una institución sucesoria opaca, nutrida con fondos defraudados a la Hacienda Pública y de origen probablemente ilícito convierte a las infantas en encubridoras de uno o varios delitos fiscales y autoras de un delito de blanqueo". A ello, habría que agregar una infracción contra la hacienda pública por no haber declarado fondos provenientes del extranjero, aunque vengan de su padre.
"La ciudadanía española queda nuevamente atónita con las conductas de la anterior casa real. La estupefacción que causan estas recurrentes noticias no tiene parangón con otros casos de corrupción púbilca. Las dos administraciones interpeladas tienen el deber jurídico de esclarecer y perseguir las conductas que puedan deducirse de los hechos informados. Se trata de un deber terminante, de una cuestión de legalidad insoslayable pero también de moralidad pública, políticamente perturbada por la indecencia de tales conductas", termina la denuncia de la Asemblea Republicana.
"Los próximos pasos para que no se duerma la denuncia serán contactar con todos los grupos parlamentarios de la investidura para que presionen al gobierno para que las actuaciones de investigación comiencen lo antes posible", argumentaba Antón Beirás, uno de los firmantes de la denuncia.