Este jueves, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social Juventud y Familias, ha anunciado el cierre de una residencia privada de personas mayores en Málaga capital. El motivo del cierre ha sido por incumplir la normativa en varias materias, pero sobre todo las referidas a higiene. 

Varias fuentes de la Consejería han expresado que dicha decisión de decretar el cierre se ha realizado a instancias de la Inspección de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de la Consejería en Málaga.

A su vez, han asegurado que esta residencia privada no cuenta con plazas concertadas con la Junta, y por ello corresponde a los familiares de las personas mayores reubicarlas en otros centros residenciales. Aunque la Junta informa y asesora a los familiares de los residentes a la hora de redistribuirlos. 

Andrés Francisco Pérez Plaza, el abogado que representa a la propietaria del inmueble en el que se ubicaba la residencia, ha explicado que tras la advertencia de vecinos, la dueña del edificio se desplazó a las puertas de la residencia y para su sorpresa se encontró con las puertas del mismo abiertas. 

Las condiciones de la residencia 

El abogado ha sentenciado que “la propietaria se desmayó”, y lo ha calificado como "espectáculo dantesco" la situación en la que encontraron el inmueble y por la que han interpuesto una denuncia en los Juzgados de Málaga por daños dolosos.

"La casa estaba destrozada, pero no destrozada ahora, sino una situación de abandono. El césped y arbustos a alturas de un metro y medio, excrementos en las paredes, humedad en las habitaciones donde habían estado pernoctando hasta hace quince días los ancianos. La piscina era una mosquitera con agua podrida, las cocinas donde se hacían de comer a esos ancianos en estado de putrefacción", ha aseverado. 

Asimismo, Pérez Plaza también ha detallado que hace más de diez años que su cliente alquiló el inmueble. Este cuenta con 20 habitaciones y lo compró para hacer una residencia de ancianos, y que fue a raíz de impagos por valor de hasta 84.000 euros, que se dirigieron a la arrendataria y que ésta les manifestó su intención de dejar el inmueble y abrir otra residencia.

El abogado ha insistido en que lo que han encontrado en el inmueble son daños dolosos: "Cuando se ve los boquetes en las paredes, cuando se ve la solería de los cuartos de baño levantada, donde se duchaban las personas mayores y excrementos en las paredes, sanitarios arrancados, la humedad... No me quiero poner en el cuerpo de esas personas mayores que han estado viviendo allí".

Y añade: "Hemos tenido reuniones con familiares que tuvieron que sacar a sus familiares de allí por la situación que estaban viviendo, porque denunciaban que les pegaban. Hemos hablado también con trabajadoras, una trabajadora en concreto, que nos contó que esta situación venía de antaño. O sea que no es una situación nueva, sino que ya se venía realizando". 

Cuando le han preguntado por las personas que pudiera haber en la residencia, el abogado ha respondido que tiene  conocimiento de que aún había personas mayores quince días antes de que la dueña accediera a la vivienda y se encontrará con la situación ; y en cuanto al número, no puede precisarlo, pero aclara que el edificio tiene 20 habitaciones "y había hasta cuatro camas en ellas".