Los CIES, los Centro de Internamiento para Extranjeros vuelven a estar de actualidad y no precisamente por su buen funcionamiento. En esta ocasión, la noticia está en el CIE de Aluche, en Madrid, donde se ha vivido en la tarde de este viernes un intento de fuga.
No es la primera vez que este centro vive una situación parecida. Han sido muchas las veces que ha sido señalado por asociaciones en defensa de los derechos humanos y asociaciones de inmigrantes que denuncian la falta de recursos de estas “cárceles” como ellos las definen.
En esta ocasión, aunque el intento de fuga lo han protagonizado entre cuatro o cinco inmigrantes, finalmente sólo uno ha conseguido salir, un hombre se origen argelino. A principios de ese mes también se fugaron otros dos internos que se suman a los 13 que lo consiguieron en noviembre de 2016.
Once horas en el tejado
Más llamativo fue el intento de fuga de octubre del año pasado que acabó en amotinamiento. Todavía recordamos las imágenes en las que se pudo ver, durante casi 11 horas, a un grupo de hasta 39 internos subidos al tejado del CIE. En esta ocasión, los inmigrantes aseguraron que lo hicieron para hacer visibles sus reivindicaciones, para denunciar que en el centro no se respetaban sus derechos básicos.
Desde el tejado lanzado gritos de "libertad" y "dignidad" mientras los antidisturbios, las Unidades de Intervención Policial (UIP) y miembros de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), acordonaban la zona.
Cámaras por orden judicial
Pero es que, además, desde 2016 este CIE de Aluche está obligado por orden judicial a instalar cámaras después de que los internos denunciasen agresiones por parte de la Policía.
Los titulares de los juzgados de instrucción número 6, 19 y 20 de Madrid ordenaron al director del centro, con carácter urgente, que se instalaran cámaras de seguridad en todos los espacios de las instalaciones, "salvo en los dormitorios y baños y aquellos que se consideren reservados o íntimos".
Las quejas presentadas por varios internos en las instalaciones de Aluche estaban respaldadas por las asociaciones Coordinadora de Barrios, SOS Racismo, Karibu-Amigos del Pueblo Africano y Pueblos Unidos. Todas ellas pidieron amparo a la Justicia para investigar las supuestas "represalias" policiales una vez que concluyó el motín de 39 inmigrantes argelinos, que se encaramaron a la azotea del edificio durante once horas.