La realidad del problema de la vivienda no es solo un reflejo en el escenario institucional, con la división de opiniones entre distintos colores políticos y la escasez de medidas efectivas, sino aún más acuciado en el ámbito social. El clamor de las acampadas populares en distintas plazas del país y la convocatoria de la huelga general el 11 de noviembre se han traducido a su vez en una percepción en negativo a ojos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El Barómetro de este mes de octubre demostró que la preocupación por la vivienda se ha incrementado en 18,2 puntos, todo un récord, alcanzando ya el primer puesto en los problemas de los españoles, superando a su vez el 55% de menciones dentro del estudio sociológico.
Las encuestas se realizaron entre el 1 y 6 de octubre, coincidiendo en tiempo y forma con las razones que motivaron la situación actual: el desahucio de Maricarmen, la mujer madrileña de 87 años desahuciada de su vivienda en alquiler desde hacía siete décadas y cuyo procedimiento abocó a su muerte dos semanas después, así como la caída de los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno central que declinaron en el adelanto de las elecciones generales.
Bajo este marco, la vivienda ya se sitúa como la principal preocupación de la ciudadanía con un 55,7% de menciones en el CIS, seguida por la inmigración (20,9%), la crisis económica (20,3%) y el empeoramiento de la calidad del empleo (19,4%). Cabe recordar que la primera vez que encabezó este puesto, y que se ha mantenido durante 21 meses de manera ininterrumpida, fue en diciembre de 2024 con un 22,3% de menciones, rozando el pasado mes de mayo cerca del 50%.
Sobre desahucios, fondos buitre y gestión estatal en vivienda
El CIS, que la semana pasada publicó un estudio específico sobre vivienda antes del desahucio de Maricarmen, ha aprovechado el barómetro de octubre para testar la opinión, resolviendo que cerca del 54% asegura haber seguido con bastante detalle y un 34,8% de manera general. De este colectivo, el 75% le otorga mucha o bastante importancia al desahucio de la fallecida, por un 22,7% que le concede poca o ninguna. Entre quienes han seguido el caso, el 57,1% cree que en estas situaciones debe primar la protección de las personas vulnerables, mientras que el 32,7% considera que hay que anteponer “el cumplimiento de la ley y los contratos”. En todo caso, el 82,3% de las personas entrevistadas sostiene que debe priorizarse la vivienda como un derecho constitucional.
El instituto sociológico también ha incluido preguntas sobre las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la caída de los decretos y la consiguiente vía de Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados antes de las elecciones del 29 de noviembre. El 80,4% que dice saber de la aprobación de estos decretos ley, el 57,2% los valora positivamente, frente al 42,3% que los critica. Las medidas con más apoyo son el IVA rebajado al 4% en la construcción de vivienda protegida (95,1%) y la línea de crédito de 50.000 para la compra de primera vivienda (87,9%).
También logran bastante consenso las rebajas de impuestos a inquilinos y a los propietarios que bajen o congelen el alquiler (81,4%), así como el impuesto generalizado del 10% a los pisos turísticos (75%). La prohibición de compra de vivienda a fondos buitre o grandes tenedores hasta 2028 tiene un respaldo del 67%, la prohibición de los desahucios de personas vulnerables hasta 2020, del 65%, prácticamente lo mismo que el endurecimiento de las condiciones de los alquileres de temporada y habitaciones.
Por contra, la medida más contestada es la prórroga automática e indefinida de los alquileres, con un 52% de críticas. La ampliación por dos años de los arrendamientos que terminen antes de 2029 recaba el apoyo del 58,6% y el rechazo del 37,4% y el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a vivienda vacías y turísticas lo respalda cerca del 60%, pero lo censura el 36,2%.
El CIS se interesa también por el grado de conocimiento de la población acerca de quién tiene más competencias en vivienda y el resultado es el siguiente: comunidades autónomas (40,7%), Estado 35% y ayuntamientos 10,2%. Pero cerca de la mitad (48%) es partidaria de que el Estado tenga más competencias para mejorar el acceso a la vivienda, un 24% quiere que se refuercen las autonómicas y cerca del 22%, las municipales.
Más de un 40% de personas que viven en alquiler están en riesgo de pobreza
Sumado a este análisis, la crisis de la vivienda se transforma en el impacto en el bolsillo de los hogares y el poder adquisitivo que le queda a uno tras pagar la mensualidad del alquiler que, en más ocasiones de las que se podría contar, la cantidad es nimia. El 43,6% de las personas que viven en alquiler a precio de mercado en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según recoge el capítulo 'Pobreza y territorio: Comunidades Autónomas y Unión Europea' del XVI Informe sobre El Estado de la Pobreza, elaborado por EAPN-ES.
Un estudio que viene constatando en sus resultados que “el sobreesfuerzo” que conlleva pagar la vivienda se traduce en “pobreza y desigualdades territoriales”. Es la Comunidad de Madrid, al cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la que registra un mayor porcentaje de población en situación de “sobreesfuerzo residencial, que destina más del 40% de sus ingresos a los gastos de vivienda”. Un escenario que se traduce a su vez en su mapa de rentas: “El 20% de la población más rica concentra más de 5 veces los ingresos del 20% más pobre”, suscribe el estudio, pese a ser esta región una de las tasas de pobreza “más bajas del país”, debido a que este índice “no implica necesariamente una menor desigualdad”.
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