José Ángel Prenda, uno de los cinco condenados en el caso de La Manada por la violación en grupo a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, Pamplona, ha reconocido por primera vez los hechos por los que cumple 15 años de prisión, junto a los otros implicados: Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero.
En una carta escrita a mano en la cárcel de Puerto III (Cádiz), fechada el 22 de julio y enviada a la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, José Ángel Prenda expresa su "total arrepentimiento por el delito por el cual cumplo esta condena y mi solicitud personal de perdón a la víctima por los daños causados, los cuales lamento profundamente, y así mismo a sus familiares directos”.
Violación continuada y no abuso sexual
El Tribunal Supremo elevó en 2019 a 15 años la condena de 9 años dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y ratificada por la Audiencia de Navarra al considerar que no se trató de un abuso sexual, sino de un delito continuado de violación en grupo con los agravantes de trato vejatorio y actuación conjuta, como reclamaban las acusaciones en sus recursos.
En su sentencia, el Tribunal Supremo tuvo en cuenta la "situación intimidante" a la que se sometió a la víctima, que le obligó a adoptar "una actitud de sometimiento, haciendo lo que los autores le decían que hiciera ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo por el lugar recóndito, angosto y sin salida en el que fue introducida a la fuerza”. La joven sufrió al menos “diez agresiones sexuales con penetraciones bucales, vaginales y anales”.
En diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Navarra (TSJN) había optado por mantener la condena de nueve años de prisión impuesta en abril de ese año por un delito de abuso sexual. Los cinco acusados fueron puestos en libertad provisional hasta que la condena fuera firme, una decisión tomada por la misma sala de la Audiencia Provincial de Navarra que les había condenado. La sentencia por abuso sexual y no violación, y la posterior decisión de poner en la calle a los cinco miembros de La Manada, provocó una ola de protestas en toda España.
En 2019, los cinco miembros de La Manada presentaron un recurso contra la condena del Supremo ante el Tribunal Constitucional, que lo inadmitió de plano. Según la providencia, con fecha 25 de noviembre de aquel año, el tribunal de garantías ni siquiera optó por estudiar a fondo la demanda de los condenados al señalar un "defecto insubsanable de no haber satisfecho en modo alguno la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional, lo que requiere una argumentación específica".
