La posible prohibición de los sabores distintos al tabaco en los cigarrillos electrónicos sigue avanzando dentro del proyecto de real decreto del Ministerio de Sanidad para regular la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y relacionados.
En el caso de que el real decreto se apruebe con su planteamiento actual, en los vapeadores únicamente se permitirán los aromas a tabaco. Y esto tendría un impacto desde el punto de vista económico, laboral y fiscal, con efectos adicionales sobre la inversión, la actividad empresarial y el comportamiento de los consumidores.
Así lo indica un informe de Analistas Financieros Internacionales (Afi), que concluye que esta prohibición podría reducir en 263 millones de euros el valor añadido bruto anual generado por la cadena de valor del vapeo, una caída superior al 83%, y provocar la pérdida de alrededor de 3.800 empleos equivalentes a jornada completa.
De 317 a 54 millones de euros de valor añadido
El estudio, publicado en 2025, parte de una cadena de valor que en 2023 generó unos 317 millones de euros de valor añadido bruto y sostuvo alrededor de 4.630 empleos equivalentes a jornada completa, incluyendo sus efectos directos, indirectos e inducidos sobre la economía.
En el escenario de prohibición analizado por Afi, esa aportación se reduciría hasta aproximadamente 54 millones de euros, mientras que el empleo descendería hasta quedarse en unos 810 puestos de trabajo. El impacto se extendería, además, más allá de fabricantes, distribuidores y establecimientos de venta: por cada euro de valor añadido que dejara de generar el sector del vapeo, se perderían otros 1,5 euros en el resto de la economía; y por cada empleo perdido en el sector, desaparecerían otros 2,8 puestos de trabajo en actividades vinculadas directa o indirectamente.
A más largo plazo, el análisis proyecta que, sin la prohibición, el valor añadido asociado al sector podría superar los 660 millones de euros en 2030. Frente a ese escenario, la restricción de sabores supondría una pérdida cercana a 550 millones de euros anuales de valor añadido y más de 8.000 empleos al final de la década.
Asimismo, señala un importante impacto sobre la inversión. Afi estima que las empresas del sector habrían desembolsado alrededor de 120 millones de euros en 2024 y que las inversiones previstas entre 2024 y 2030 alcanzarían los 1.580 millones. Según el informe, la implantación de la prohibición podría suponer la pérdida de esas inversiones planificadas, además de reducir el atractivo del sector para nuevos inversores.
Por otro lado, Afi destaca las posibles consecuencias para Cataluña, región que concentra hasta el 80% de la producción industrial de líquidos para cigarrillos electrónicos en España. Dependiendo del escenario considerado, la prohibición podría traducirse allí en una pérdida de entre 23 y 54 millones de euros de valor añadido y de entre 140 y 330 empleos industriales.
Recaudación del nuevo impuesto
El efecto sobre los ingresos públicos constituye otro de los ejes del estudio. Afi calcula que la cadena de valor del vapeo aportó alrededor de 77 millones de euros anuales de contribución fiscal, principalmente mediante cotizaciones sociales e IRPF, además de IVA e Impuesto sobre Sociedades. En el escenario de prohibición, esa cifra se reduciría hasta alrededor de 10 millones de euros, un descenso cercano al 88%.
A esta contribución se ha añadido, desde abril de 2025, una nueva fuente de ingresos públicos: el Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos y otros Productos relacionados con el Tabaco. Este tributo, que grava principalmente los líquidos de vapeo y también incluye las bolsas y otros productos de nicotina, recaudó 30 millones de euros en 2025 y otros 25,9 millones entre enero y julio de 2026, hasta rozar los 56 millones acumulados.
El impacto económico de la prohibición calculado por Afi está estrechamente ligado al peso de los sabores en el mercado. Alrededor del 87% de los usuarios consume líquidos con sabores distintos al tabaco, solos o combinados con este, según una encuesta de Sigma Dos recogida en el informe. Ante una eventual prohibición, un 54% afirma que continuaría vapeando y un 12%, que volvería al cigarrillo convencional, unos resultados que, según Afi, apuntan a un posible desplazamiento de parte de la demanda hacia el tabaco tradicional o hacia canales no regulados.
Medidas alternativas a la prohibición
El proyecto de real decreto que prevé la prohibición de los sabores fue sometido a audiencia pública en noviembre de 2024. Tras su notificación a la Comisión Europea a través del procedimiento TRIS, seis Estados miembros de la UE plantearon objeciones formales al texto.
Posteriormente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recomendó reforzar la evidencia empírica que sustenta determinadas medidas del proyecto, entre ellas la prohibición de sabores, para acreditar su adecuación a los principios de buena regulación. Además, señaló que, dado que estas restricciones afectan a la libertad de empresa, cabe exigir su respaldo en una norma con rango de ley, y sugirió una reforma legal que ofreciera cobertura suficiente a las medidas previstas para los cigarrillos electrónicos y otros nuevos productos. De aprobarse en sus términos actuales, el proyecto de ley que modifica la ley antitabaco, actualmente en tramitación parlamentaria, podría proporcionar esa cobertura legal al ampliar el ámbito de la norma a los productos relacionados con el tabaco.
Actualmente, el proyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad se encuentra en el Consejo de Estado, uno de los últimos trámites antes de que, en su caso, pueda elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación.
El análisis realizado por Afi señala que los objetivos perseguidos por el Ministerio de Sanidad, como reducir la prevalencia del consumo de tabaco y productos relacionados y prevenir su inicio entre los menores, podrían alcanzarse mediante medidas menos restrictivas que una prohibición general de los sabores distintos al tabaco. Entre ellas, plantea regular los puntos de venta mediante un sistema de licencias para estancos y establecimientos especializados, reforzando los controles de edad; restringir referencias, envases o diseños especialmente atractivos para los menores; aplicar restricciones selectivas a los sabores con mayor atractivo para este colectivo; y desarrollar campañas de concienciación dirigidas a menores.
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