La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva largo tiempo denunciando la aplicación abusiva del Código Penal Militar a los Guardias Civiles por simples infracciones. "Periódicamente tenemos que lamentar su aplicación arbitraria a uno de nuestros agentes", reconocían el pasado mes de junio a ELPLURAL.COM, enfatizando que "la Guardia Civil es un cuerpo policial, y nuestras misiones suponen prácticamente el 99% de nuestro trabajo".
Por ello reclaman que deje de aplicarse este código a los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones policiales.
Realidad casi una década
En realidad, hubo un tiempo en que esto ya fue así. El Código Penal Militar dejó de aplicarse a los guardias civiles en 2007. Desde ese año y hasta 2016, únicamente se podía aplicar a los trabajadores del Cuerpo en las situaciones que figuraban reguladas en el Real Decreto 1438/2010, de 5 de noviembre, que incluían estado de sitio, conflicto armado, misiones militares en el extranjero o mientras estuvieran integrados en unidades de las Fuerzas Armadas.
Con la reforma que se llevó a cabo hace nueve años, se recuperó la aplicación completa del Código Penal Militar. "Supuso un enorme paso atrás en los derechos de los guardias civiles y en el avance del Cuerpo hacia su modernización", recuerdan desde AUGC, al tiempo que aclaran que "no se trata de desmilitarizar la Guardia Civil, como indican los detractores de este cambio, sino de aplicar el Código Penal Militar a los guardias civiles solo en misiones militares y no en las de seguridad ciudadana".
En este sentido, apuntan, además, que es "muy habitual" que haya desproporción entre lo ocurrido y los hechos denunciados. "Se califican como posible delito militar situaciones del servicio que no pasan de ser infracciones al Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, elevando artificialmente el castigo y desde luego la agonía que sufren los enjuiciados", afirman.
Proposición No de Ley
Como paso adelante para lograr este fin, este viernes AUGC se reunió con SUMAR para impulsar una Proposición No de Ley sobre la modificación de la Ley Orgánica 14/2025, de 14 de octubre, del Código Penal Militar. Representantes de esta asociación mantuvieron un encuentro en el Congreso de los Diputados con Enrique Santiago, con el objetivo de avanzar en su tramitación. Esta PNL busca armonizar la normativa penal aplicable con el carácter policial y civil de las funciones que desempeñan los guardias civiles, especialmente en materia de seguridad ciudadana, investigación y tráfico, evitando situaciones de desigualdad jurídica respecto a otros cuerpos policiales del Estado.
Durante el encuentro, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha trasladado al parlamentario la importancia de que esta iniciativa prospere en la Cámara, como paso esencial hacia "una modernización del marco legal que regula los derechos y deberes de los miembros del Cuerpo, en consonancia con una Guardia Civil plenamente adaptada a los valores democráticos y a la realidad policial actual".
Si la iniciativa saliera adelante, "las infracciones disciplinarias se continuarían juzgando por el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, los delitos ordinarios por el Código Penal y los delitos cometidos en el ámbito militar o misiones militares exclusivamente por el Código Penal Militar", resumen desde AUGC.
Al borde de la cárcel, por verbalizar su exceso de trabajo
Precisamente por la aplicación del Código Penal Miitar, J.C.R, un agente con 30 años de servicio a sus espaldas y ninguna sanción disciplinaria ni penal, estuvo a punto de terminar en la cárcel por manifestar que tenía sobrecarga de trabajo. Lo juzgó el Tribunal MilitarTerritorial Primero de Madrid por un presunto delito de desobediencia.
Los hechos sucedieron en 2019 cuando estaba destinado en Murcia y prestaba servicio de recogida de denuncias en horario nocturno en el Cuartel de Cartagena. Un oficial le comentó que debía dejar el trabajo que estaba desarrollando para convertirse en su conductor e ir a “vigilar” al resto de compañeros que también trabajaban. Entonces, este agente, "sin negarse a cumplir la orden", objetó que "tenía mucho trabajo de instrucción de diligencias", lo que llevó a su superior a pedir a otro guardia civil del cuartel que le acompañara.
J.C.R. podía haber acabado todo un año encerrado en la prisión militar de Alcalá-Meco "por un simple malentendido laboral, por un desacuerdo dentro del ámbito de las funciones estrictamente profesionales, sin mediar siquiera incidente verbal alguno", denunció en su día AUGC.
Lo ocurrido "fue creciendo como una bola de nieve". "Inicialmente no se consideró grave el hecho, ya que el teniente denunció una falta leve al Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, pero sus superiores elevaron su calificación primero a falta grave, después a muy grave y finamente a delito militar de desobediencia", explicaron.
Por fortuna, este agente se libró de ir a prisión, pues el Fiscal Militar reconsideró su postura inicial y decidió retirar la acusación, lo que condujo a la absolución por parte del Tribunal.
Sin embargo, sobre sus espaldas y sobre las de su familia todavía pesan los más de cinco años de instrucción de un sumario militar que truncó su vida profesional y personal.