Un informe presentado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) revela que el 83% de los colegios concertados en España exige a las familias una cuota educativa base. En el 69% de los casos estas aportaciones no son realmente voluntarias, lo que, según la organización, supone una vulneración del derecho a la gratuidad de la enseñanza obligatoria financiada con fondos públicos.
El estudio ha sido elaborado por la consultora Garlic B2B a partir de 321 centros de ocho comunidades autónomas mediante la técnica de mystery shopper, simulando solicitudes de información de familias interesadas en matricular a sus hijos en el segundo ciclo de infantil para el curso 2025-2026.
Cuotas medias y diferencias entre comunidades en los colegios concertados
Los datos señalan que los colegios de titularidad mercantil aplican las cuotas más altas, con una media de 114 euros al mes, frente a los 74 euros de media en los gestionados por congregaciones religiosas. Además, el 59% de los centros que cobran no mencionan la voluntariedad en la información verbal y solo un 15% lo detalla en la documentación entregada.
Las diferencias territoriales son notables. Cataluña se mantiene como la comunidad más cara, con una media de 219,7 euros al mes, y casos como el St. Paul’s School, que llega a los 1.100 euros mensuales por alumno. Le siguen Madrid, con una media de 135,9 euros, y el País Vasco, con 99 euros. En el extremo opuesto se sitúa Andalucía, donde la media no supera los 29 euros.
Prácticas de exclusión y falta de transparencia
El estudio advierte de que en un 11% de los centros visitados se detectaron prácticas de exclusión hacia alumnos cuyas familias no abonaban la cuota, como apartarlos de actividades o pedir a los padres que los retiraran del colegio. Este porcentaje se eleva al 29% en el caso de la Comunidad de Madrid.
Amparo Núñez, directora de proyectos de Garlic B2B, denunció la falta de claridad en los procesos de información: “Hay una deficiencia en la comunicación y la transparencia de los costes y de los derechos de las familias que se acercan a los colegios”. Añadió que en ocasiones tuvieron que insistir hasta cinco veces para obtener precios y que “el 25% no entrega hoja de precio a las familias”.
Críticas de CICAE a la Administración
La directora general de CICAE, Elena Cid, señaló que la administración educativa “permite” que algunos centros facturen conceptos no contemplados en la ley, como “proyecto educativo” o “complemento formativo”. También denunció cambios de nombre en las cuotas para evitar controles: “Donde antes la misma cuota se denominaba actividades complementarias, ahora la llaman aportaciones o actividades extraescolares”.
Cid calificó esta situación de “competencia desleal” respecto a la enseñanza privada, al considerar que los concertados reciben fondos públicos, cuotas familiares y exenciones fiscales. También alertó del “daño” a la escuela pública, que a su juicio queda relegada: “Se transmite que si quieres gratuidad, te vayas a la enseñanza pública, que es de peor calidad”.
La responsable de CICAE explicó que el informe pretende ser “un barómetro y un altavoz para que la sociedad se movilice”. Aunque reconoce que empiezan a producirse cambios, los califica de lentos y poco efectivos.