Más leña al fuego en la polémica que rodea al ex Mecano y creador de Malinche, Nacho Cano después de que 17 bailarines del musical hayan interpuesto una denuncia contra la Policía por coacciones y falsedad documental cuando fueron interrogados en el marco de la investigación policial que llevó en última instancia a la detención del productor musical la semana pasada.
Los becarios del espectáculo, de origen mexicano, habrían interpuesto una denuncia con carácter individual cada uno de ellos -17 en total- que llegarán a diferentes juzgados y que, en este caso, no son contra el artista, sino contra los agentes de la autoridad, que habrían tenido un trato inadecuado con estas personas a partir de coacciones y falsedad documental. Dicho de otro modo, mediante documentos “manipulados”.
La primera de estas denuncias ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 38 de Plaza de Castilla, donde seguramente terminen también el resto, según informan a la Agencia EFE fuentes jurídicas consultadas.
El origen de estos hechos, que aumentan la polémica sobre el musical de Cano, se encuentra en el pasado 17 de junio, cuando una decena de agentes irrumpieron en la iglesia de Madrid en la que ensayaban los bailarines para realizar una inspección de trabajo.
Después de esto, les llevaron a comisaría para preguntarles por las condiciones de trabajo, según el relato de los denunciantes; algo que, asumen estos últimos, ya es irregular. Las fuentes jurídicas mencionadas añaden que los coaccionaron y que la Policía elaboró documentos “manipulados”, siempre atendiendo a la versión de los bailarines.
Entre las actuaciones que los bailarines consideran que se encuentran al margen de la ley, los trabajadores añaden el hecho de que no tuvieran acceso a la denuncia en la que uno de los integrantes denunció a Cano por la presunta contratación irregular de migrantes, un documento que se elaboró meses antes, aunque se ha conocido en las últimas semanas al ser entonces -con la detención del productor musical- cuando ha saltado por los aires el presunto escándalo.
Alguna de estas denuncias elaboradas, recordamos, de manera individual, se refieren a una actuación policial “desproporcionada” que favoreció un escenario de miedo, así como una sensación de “indefensión y desinformación” derivada de varios “comentarios amenazantes” de los policías que habrían llegado a advertir a los artistas que si no colaboraban podrían ser deportados a su país.
En los textos elevados a la Justicia por parte de los denunciantes, los 17 llegan a señalar que se los trató como si fueran “delincuentes”, dejándoles la Policía retenidos y sin posibilidad de comunicarse con gente del exterior durante horas a la vez que les obligaron a entregar el teléfono móvil a las autoridades.
Una de las jóvenes que ha interpuesto denuncia habla de un ambiente generalizado, pero especialmente en su caso particular, de “indefensión y discriminación” por el mero hecho de ser una persona extranjera. En la misma línea, defiende que intentaron sonsacarles información contra Cano en contra de su voluntad. Es en este punto en el que la joven habla asimismo de “falsedad documental” amparándose en que su declaración fue alterada.
El despacho que defiende a este quincena de artistas también añade como delitos la presencia policial en la iglesia en la que ensayaban los becados, ya que aquí se encontraba una menor de edad de 15 años a la que la Policía no habría llevado a comisaría, pero a la que retuvo un tiempo en el local mientras le tomaba declaración y sin la posibilidad de contactar con sus padres.
Detención de Nacho Cano
El pasado 9 de julio Cano era detenido después de recibir la Policía numerosas denuncias en las que se le señala como el presunto responsable de un delito contra los derechos de la población inmigrante y contra los derechos de los trabajadores.
Además, fue detenida una mujer que en la obra se encarga de la selección de personal y se investigó a otra persona.
Defensa de Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendía al músico después de que este fuera detenido este martes acusado de tener contratados a artistas para su espectáculo Malinche a jóvenes en situación de inmigración irregular.
Una actuación que para la dirigente popular es una "campaña de desprestigio" que es "inaceptable" y propia de los regímenes autoritarios. "La destrucción personal con fines políticos es Estalinismo", llegó a sostener, señalando directamente al Gobierno de Pedro Sánchez.