Durante décadas, miles de adolescentes y mujeres jóvenes fueron internadas en España sin haber cometido ningún delito. Bastaba con que alguien considerase que se habían apartado de la conducta que se esperaba de ellas. Ser considerada rebelde, desobediente, promiscua, quedarse embarazada, huir de casa o simplemente vivir de una manera considerada incompatible con la moral dominante podía acabar convirtiéndose en motivo de vigilancia e internamiento.
Detrás de aquel sistema estaba el Patronato de Protección a la Mujer, una institución creada en 1941 y vinculada al aparato del Estado franquista que permaneció activa hasta 1985. Su historia, todavía poco conocida para una parte importante de la sociedad española, es ahora el centro de Ruega por nosotras, la nueva película de Daniel Monzón, presentada en el Festival de San Sebastián y cuyo estreno en cines está previsto para el próximo 6 de noviembre.
La película no parte de un episodio inventado. Monzón y el guionista Jorge Guerricaechevarría han construido el relato después de consultar investigaciones, archivos y testimonios de mujeres que pasaron por los centros dependientes del Patronato. La producción está protagonizada por Zoe Bonafonte y Manuela Calle y toma su título del libro homónimo de Consuelo García del Cid Guerra, una de las investigadoras que ha contribuido a recuperar la memoria de aquellas internas.
Una institución para vigilar la moral de las mujeres
El Patronato tenía oficialmente como objetivo proteger a las jóvenes consideradas en riesgo y evitar situaciones como la prostitución. Sin embargo, la documentación oficial reconstruida décadas después describe un sistema mucho más amplio de control sobre la conducta, la sexualidad y la vida cotidiana de las mujeres.
El propio Boletín Oficial del Estado recoge que cualquier joven considerada “caída o en riesgo de caer” podía ser sometida a expediente y trasladada a alguno de los centros vinculados a la institución. Las denuncias podían proceder de familiares, vecinos, sacerdotes, profesores o cuerpos de seguridad.
El modelo de mujer impuesto por el régimen franquista estaba asociado a la obediencia, la pureza moral, la maternidad y la subordinación dentro de la estructura familiar. Las conductas que se apartaban de ese patrón podían ser consideradas una desviación.
No era necesario haber cometido un delito. Algunas jóvenes llegaban después de que sus propias familias solicitasen la intervención del Patronato. Otras eran detenidas o trasladadas al sistema después de ser consideradas conflictivas, vulnerables o moralmente inadecuadas.
Centros de observación antes del internamiento
El ingreso podía comenzar en los llamados Centros de Observación y Clasificación. Allí se realizaban evaluaciones médicas, psicológicas y morales antes de decidir a qué institución sería enviada cada joven. La red incluía reformatorios, colegios, hogares-taller y maternidades, muchos de ellos gestionados por órdenes religiosas.
La documentación oficial describe regímenes disciplinarios estrictos y privación de libertad. También recoge testimonios e investigaciones sobre vigilancia constante, aislamiento del exterior, imposición de prácticas religiosas, ausencia de intimidad, trabajos no remunerados y castigos físicos y psicológicos. En el caso de jóvenes embarazadas, existen además testimonios sobre presiones para entregar a sus hijos en adopción.
El sistema buscaba modificar su comportamiento y adaptar sus vidas al modelo moral dominante. La formación religiosa, las tareas domésticas y diferentes trabajos formaban parte de una disciplina cotidiana que podía prolongarse durante años.
Al menos 40.000 mujeres
Establecer una cifra exacta de afectadas sigue siendo complejo. La documentación oficial habla de miles de mujeres, muchas de ellas menores de edad, privadas de libertad por razones relacionadas con su conducta, situación familiar o vulnerabilidad social.
Las investigaciones elevan esa cifra hasta al menos 40.000 mujeres, principalmente jóvenes de entre 16 y 21 años, aunque el control del Patronato podía extenderse hasta los 25.
El organismo no funcionó únicamente durante los años más duros de la dictadura. Sobrevivió a la muerte de Francisco Franco en 1975 y continuó activo durante la Transición. Las denuncias sobre las condiciones de los centros fueron aumentando durante los años setenta y ochenta, hasta que finalmente el Patronato fue suprimido en 1985.
Ese dato resulta especialmente llamativo por su cercanía temporal. Algunas de las mujeres que pasaron por estos centros continúan vivas y han comenzado a contar públicamente sus experiencias durante los últimos años.
Ruega por nosotras lleva esa historia al cine
La película de Daniel Monzón introduce al espectador en ese sistema a través de una joven procedente de una familia acomodada que termina internada en uno de los centros del Patronato.
El director ha explicado que decidió contar esta historia después de descubrir la existencia de la institución y profundizar posteriormente en su funcionamiento. Las actrices aprendieron desde las formas específicas de realizar tareas domésticas hasta los rezos y trabajos impuestos a las internas.
Monzón ha optado por sugerir parte de la violencia en lugar de convertirla en el centro visual del relato. La intención, sostiene, era evitar que la acumulación de castigos eclipsara las historias de las mujeres que pasaron por aquellas instituciones.
La llegada de Ruega por nosotras a los cines devuelve así al presente una historia que permaneció durante décadas en un segundo plano. Para algunas de sus antiguas internas, aquel pasado todavía forma parte de una memoria muy cercana. El cine pone ahora imágenes a una institución cuyo funcionamiento se extendió durante más de cuatro décadas y que afectó a miles de jóvenes que, en muchos casos, fueron encerradas sin haber cometido delito alguno.
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