La mayoría de los abogados de la acusación popular están convencidos de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el celebérrimo Pablo Ruz, hará una pieza separada del “caso Bárcenas” referente a la supuesta mordida de 200.000 que el PP de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores Cospedal, cobró de la empresa Sacyr por la concesión de la recogida de basuras de la ciudad de Toledo (70 millones de euros) cuando los “populares” gobernaban en el ayuntamiento capitalino, según el “recibí” presentado en sede judicial por el extesorero
Políticos aforados
Pieza que corresponderá enjuiciar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), ya que entre los mencionados por Luis Bárcenas, además de la presidenta del Gobierno de Toledo y secretaria general del PP, se encuentra también el presidente del Parlamento castellano-manchego, Vicente Tirado, señalado directamente por el extesorero de Génova como supuesto mullidor de la mordida, algo que él niega por activa y por pasiva, y que por su condición de aforados solo pueden ser juzgados por un alto tribunal, bien sea autonómico o Supremo.
Preguntas “impertinentes”
Y decimos que hay pocas dudas porque Ruz no ha vuelto a tomar ninguna iniciativa más sobre este caso. Han transcurrido diez días desde que le dijese al abogado Gonzalo Boye que sus preguntas a Cospedal sobre la trama manchega de los 200.000 euros eran “impertinentes”, según reconoció el letrado a ELPLURAL.COM, y en este tiempo el juez no ha dictado ninguna providencia ni auto ni ha informado a la Fiscalía sobre cuestiones que atañen al caso, así que la supuesta mordida caerá en manos TSJCM
Los magistrados del TSJCM, con Vicente Rouco a la cabeza.
¿Quién juzgará la trama manchega?
En el caso más que probable que la supuesta mordida de 200.000 euros llegue al Alto Tribunal manchego será la Sala de lo Civil y Penal la encargada enjuiciar la trama ya que es la que entiende de las causas contra los ciudadanos aforados y de la instrucción y fallo de las causas abiertas contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.
¿Quién preside la Sala de lo Civil y Penal?
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, la Sala de lo Civil y Penal está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, esto es, Vicente Rouco, uno de los familiares que “forma el trío de sobrinos” del cardenal Antonio María Rouco Varela, como recoge en sus páginas “Los Genoveses”. El también presidente de la Conferencia Episcopal, además de un juez, tiene en su línea directa familiar al obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, y a la “stripper” Magdalena Rouco, protagonista de un desnudo en la portada de la revista Interviú. Y es que, como dicen “Los Genoveses”, el arzobispo de Madrid siempre tiene un sobrino a mano.
¿Quién es Vicente Rouco?
El sobrino del neocatecumenal cardenal madrileño está próximo a la asociación conservadora de la magistratura, cuenta con una amplia experiencia y ha sido juez de vigilancia penitenciara de varias provincias. Este es su segundo mandato al frente del Alto Tribunal castellano-manchego y mantiene relaciones “cordiales”, según sus compañeros, con la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, a quien cedió su bastón de mando en el desfile del Corpus toledano de 2011, primero en el que participaba la también secretaria general del PP.
Paseíllo de testigos
Si la Sala presidida por Rouco, e integrada por otros dos magistrados, decide admitir la causa enviada desde la Audiencia Nacional no le quedará otro remedio que volver a llamar a declarar a Cospedal, en esta ocasión, incluso, como imputada, además del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado. Esto en cuanto a testigos o imputados aforados, pero también Vicente Rouco tendrá que reclamar la presencia del propio Bárcenas, del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y de su segundo en el Ayuntamiento, Lamberto García Pineda; del gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, así como de los máximos responsables de Sacyr en 2006-2007, Luis del Rivero, y del consejero delegado de Sufi, Manuel Manrique. Componentes de todo un paseíllo que el PSOE, liderado por Emiliano García-Page, ya ha anunciado su personación en el caso y ha pedido también la imputación de alguno de ellos.
La cercanía de los tribunales autonómicos
Y es normal que el PP esté contento porque el caso de los 200.000 euros recaiga definitivamente en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, porque no es lo mismo sentarse en el banquillo de los imputados o testigos de la Audiencia Nacional que hacerlo en la sede albaceteña del Alto Tribunal manchego. Así también lo entendieron en su día Francisco Camps, juzgado y absuelto por el tribunal valenciano, por ahora, del llamado “caso de los trajes”, cuyo presidente era “algo más que amigo” del expresidente de la Generalitat de Valencia, o el propio Bárcenas que, asombrosamente, vio archivada su causa (luego reabierta por la AN) por el magistrado del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, quien “no supo” apreciar los indicios que había contra el ex senador y ex tesorero del PP por los presuntos delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales.