Josep Lluís Trapero, major vitalicio de los Mossos d’Esquadra, lanzó diversos botes de humo de carácter político en su comparecencia como testigo ante el Tribunal Supremo. Tras el aparatoso humo de innegable interés periodístico, en el ámbito procesal exculpó de forma contundente al gobierno Puigdemont en general y al conseller de Interior, Joaquim Forn, en particular, de dar ordenes políticas a la policía autonómica ante el referéndum ilegal del 1-O. Su larga y medida intervención para no perjudicar su condición de investigado por rebelión en la Audiencia Nacional ha hecho tambalear su consideración de icono patriótico, adquirido por su gestión en los atentados de agosto del 17 en Barcelona y Cambrils.

El niño que quería ser policía se mostró ante el tribunal del Procés como un profesional muy seguro de sí mismo, cumpliendo con todo lo que se esperaba de él, aunque algunas defensas le hayan expresado al presidente Manuel Marchena su desacuerdo por una última pregunta de respuesta explosiva, que favorece penalmente a sus clientes aunque políticamente les señala como irresponsables. Trapero negó rotundamente la vía a la rebelión con apoyo de un cuerpo armado, dibujada por el instructor, al citar una frase aparentemente definitiva del entonces presidente de la Generalitat. Puigdemont, al ser emplazado por la cúpula de los Mossos a cumplir con la legalidad, les recalcó el empeño del gobierno catalán de seguir adelante con la celebración del referéndum ilegal, aunque liberó a los policías de toda dependencia política ante su propósito de hacer cumplir la ley: “hagan el trabajo que tengan que hacer”, les dijo el presidente.

Trapero, recordando literalmente esta frase, avaló las tesis de las defensas de la no intromisión de los políticos en el operativo policial, dando alas a una realidad compleja y contradictoria: en el Palau se preparaba el referéndum y en las comisarías de los Mossos se intentaba impedir. El jefe de la policía autonómica también les dijo que la perspectiva de una movilización de dos millones de personas ante solamente 15.000 agentes (la suma de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil)  “necesariamente iba a provocar conflictos graves”, fijando en unas 40 sedes de votación la cifra de los puntos más preocupantes, proyección que al final de la jornada casi se cumplió con precisión.

Esta proyección no gustaría tanto a las defensas, como tampoco la aceptación por parte de Trapero de que el auto de la magistrada fijaba en su parte dispositiva como prioridad inequívoca el impedir la celebración del referéndum, situando la salvaguarda de la convivencia como un criterio general de actuación de las fuerzas del orden, recalcado de forma oral por la propia magistrada, según recordó el testigo. El responsable de los Mossos aseguró haber cumplido con las instrucciones, primero de la Fiscalía y después del auto judicial, aunque también afirmó que daba cuenta de las instrucciones declaradas secretas a su superior, el conseller de Interior, comprometido con la organización del referéndum.

El mandato judicial, como quedó en evidencia el 1-O, no pudo ser cumplido. Las causas, según Trapero, fueron la descoordinación de los cuerpos de seguridad, la pasividad de Diego Pérez de los Cobos, el coordinador nombrado por la Fiscalía, la falta de efectivos, y, admitió, un error de cálculo en el despliegue del operativo, que en todo momento, él consideró que debió ser conjunto de los tres cuerpos implicados. Tal vez, algunas cosas pudieron haberse hecho de forma diferente, vino a decir, especialmente en todo lo referente a la ocupación de escuelas en la vigilia del 1-O.  Los Mossos, dejó caer, no supieron interpretar correctamente el sentido de la movilización de miles de personas durante la jornada del sábado. En las visitas efectuadas a los ocupantes, la policía autonómica no halló rastro de urnas o papeletas y a pesar de la singularidad del hecho y de la publicidad dada por los protagonistas al objetivo de aquella multitudinaria acción (asegurar la apertura de las sedes electorales en la mañana del domingo), los agentes redactaron los partes correspondientes y se fueron sin más.

Todos estos detalles de cierto interés para la causa, quedaron difuminados por el humo de las revelaciones políticas efectuadas por Trapero: la apelación a la irresponsabilidad del conseller Forn y la referencia a unos planes para detener a Puigdemont y a su gobierno si así se lo requerían las autoridades judiciales en los días previos a la declaración unilateral de independencia.

La critica a la irresponsabilidad del gobierno Puigdemont en su gestión del Procés es, a día de hoy, un lugar común de la política catalana, incluso por parte de algunos sectores del independentismo. Por el contrario, en septiembre de 2017, no había tantas voces críticas y las que se pronunciaban eran señaladas prácticamente de antidemócratas. En aquel momento, cuando la opinión pública le había aupado al pedestal de los héroes, un pronunciamiento público del mayor de los Mossos alertando del riesgo implícito de participar en un referéndum ilegal hubiera tenido un gran efecto en la ciudadanía; sin embargo, la cúpula de los Mossos se limitó entonces a un comunicado expresando su malestar por las declaraciones de Forn en las que anunciaba que la policía catalana garantizaría el normal desarrollo del 1-O.

Trapero expresó ante el tribunal “la incomodidad” que vivió en aquellos tiempos por las decisiones del gobierno respecto a la preparación del referéndum, la misma incomodidad que llevaron a su jefe político, el conseller Jordi Jané, a dimitir en julio de 1017. Jané fue sustituido por Forn y el nuevo titular de Interior cesó al director de los Mossos, Albert Batlle, acusado por el independentismo de no ser fiel al Procés, por haber evaluado la hipótesis de una detención del presidente de la Generalitat si un juez lo ordenaba, dada la obligación de la policía autonómica de respetar la ley. El jueves, Trapero, que siguió en el cargo, consiguió todos los titulares de prensa al declarar que los Mossos disponían de planes para detener al gobierno Puigdemont, una revelación irrelevante a estas alturas, pero muy vistosa y complicada de digerir por quienes veían en él a un icono de la nueva república.