El pasado martes 24 de enero el Congreso de los Diputados fue un clamor verde. Verde porque convalidó con una abrumadora mayoría el sexto paquete de medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Hasta el Partido Popular se abstuvo. Pero verde también por el clamor de los socios del Gobierno. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Compromís, Más País, BNG, Teruel Existe e incluso el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, todos ellos, criticaron los artículos 22 y 23 del real decreto que suprimen los requisitos de tramitación de la declaración de impacto ambiental para instalaciones de energías renovables. Ahora, mueven ficha.

En la mañana de este viernes ERC, Bildu, Más País, Compromís, BNG y CUP han registrado en el Congreso una Proposición no de ley para forzar al Gobierno a derogar los antecitados puntos y recuperar la normativa para la autorización medioambiental para los proyectos renovables.

En la exposición de motivos del documento al que ha tenido acceso este periódico, critican que el paquete de medidas anticrisis hizo las veces de caballo de Troya de dos artículos “que todos los grupos que impulsamos esta iniciativa consideramos negativos y contrarios a los objetivos de transición ecológica y energética que deben guiar todas las actuaciones de los gobiernos y administraciones”. A su juicio, los puntos 22 y 23 avalan que los grandes proyectos energéticos renovables no necesiten las evaluaciones y garantías que hasta ahora ofrecían los procedimientos de evaluación medioambientales. “Las exigencias sobre el impacto ambiental, así como de sis derivadas sociales y económicas, quedarán tan relajadas, serán tan laxas, que prácticamente las grandes corporaciones no tendrán que cumplir con los mínimos estándares medioambientales exigidos”, apuntan. Asimismo, “se impide que asociaciones, colectivos e incluso las administraciones locales puedan presentar alegaciones a estos proyectos, negando así la posibilidad de que las zonas afectadas y sus ciudadanos y ciudadanas puedan tener herramientas para proteger sus entornos y modelos de vida”.

"Hay un retraso en las tramitaciones, que debe resolverse. Pero eliminar la evaluación ambiental no beneficiará a las renovables"

Los socios comparten con los socialistas la necesidad de impulsar, acelerar y ampliar la transición energética. Abogan por las fuentes renovables, pero consideran que debe hacerse desde una perspectiva “justa con la ciudadanía” y “respetuosa con el medio ambiente”.

Doblar el pulso al PSOE

En la sesión plenaria que convalidó el real decreto, la izquierda abertzale y el Grupo Republicano aquejaron que Moncloa había articulado otra vez un paquete ómnibus, un totuma revolutum que además de suprimir el IVA de los productos con tipo superreducido del 4%, rebajarlo en otros alimentos y profundizar el escudo social, abría la puerta a macroproyectos energéticos que podrían resultar nocivos. En la misma tónica se movieron Más País, Compromís, la CUP y Teruel Existe. Este último, Tomás Guitarte, incluso decantó su voto al ‘no’.

Joan Baldoví, de Compromís, habló de “caramelo envenenado” e Íñigo Errejón advirtió de los riesgos. Su partido, Más País, no valora presentar enmiendas. El PSOE se abrió a tramitar el real decreto como proyecto de ley para que otros grupos pudieran introducir sus modificaciones vía enmienda. Sin embargo, en Más País ironizan con el gesto. En declaraciones a ElPlural.com, Héctor Tejero, diputado en la Asamblea de Madrid y coordinador Político de la formación a nivel nacional, ha razonado que tienen previsto presentar enmiendas porque “luego nunca cierran el plazo” y queda en la nada más absoluta.

“Lleva pasando desde los reales decretos del Covid. Dicen que los tramitan como proyecto de ley, pero no recuerdo ninguno que se haya modificado. La sensación generalizada entre los partidos y las asociaciones es que no sirve de nada presentar enmiendas”, añade. Esperan presionar al PSOE con la PNL para que retire los artículos en cuestión, que es lo más urgente, pero “nuestra intención es, con tiempo y de forma más elaborada, presentar un plan” integral que acelere el proceso de las renovables, incidiendo, entre otras cosas, en la ampliación de plantillas para aprobar los proyectos.

Unidas Podemos sí que trabaja en la articulación de enmiendas. Alianza Verde, con el diputado morado Juan Antonio López de Ugalde al frente, alerta de que el Ministerio de Transición Ecológica “se equivoca al pretender acelerar la tramitación de estos proyectos eximiéndolos de la evaluación ambiental” porque “va a ser perjudicial para el propio avance de la transición energética, ya que puede dar vía libre a proyectos que no cumplen con las garantías de protección ambiental y del territorio, generando rechazo, frente a quienes sí cumplen”. El propio Uralde ha afirmado que “somos conscientes de que hay un retraso en las tramitaciones, que debe resolverse. Pero eliminar la evaluación ambiental no beneficiará a las renovables sino que puede ser incluso perjudicial, al dar vía libre a proyectos que generen mas rechazo afectando con ello al conjunto del sector”.

Fuentes del Grupo Socialista confiesan ser conscientes del descontento de sus socios, motivo por el cual “nos abrimos a tramitarlo como proyecto de ley”. No obstante, se escudan en que el Gobierno sigue analizando el efecto de las medidas ya tomadas “por si fuera necesario tomar más”. En consecuencia, “en el trámite estamos abiertos a escuchar las propuesta de los grupos".